Luciana Aversa
Costas requiere al Consell para que decida qué casetas varadero proteger
Un catálogo «claro y específico» de cuáles son las casetas varadero de la isla que merecen ser protegidas. Esto es lo que la Demarcación de Costas ha solicitado al Consell d'Eivissa durante las reuniones que han mantenido entorno al futuro de estas antiguas construcciones pesqueras del litoral, entre las cuáles ya se cuentan 14 demoliciones y otros tantos expedientes de derribo en marcha.
Consell y Sant Antoni lanzan la reconversión turística de la localidad
El Consell y el Ayuntamiento de Sant Antoni han acordado iniciar un estudio para concretar las innovaciones que necesita el municipio como destino maduro a fin de poder potenciarlo turísticamente. El conseller de Innovació Empresarial, Joan Serra Mayans; el alcalde de Sant Antoni, José Sala ,y los urbanistas de la empresa Intelligent Coach, Silvia Banchini y Luis Falcón, presentaron ayer el inicio de este estudio que se realizará en los próximos cuatro meses y se basará en entrevistas con distintos sectores sociales y económicos de Sant Antoni, como hoteleros, asociaciones de vecinos y comerciantes y que contará con elementos de información como una encuesta ciudadana.
La Justicia investigará a Tuells y López tras archivar su querella contra el juez de Eivissa Centre
El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha archivado la querella que el ex socialista Roque López interpuso a través de su abogado Andrés Tuells contra la letrada Ascensión Joaniquet y el juez José Espinosa por presuntos delitos de «prevaricación y cochecho», en el marco del caso Eivissa Centre.
Aumenta la multa a José Sala pese a estar ya derribada la casa Cretu
Las multas al patrimonio personal del alcalde Sant Antoni por el caso Cretu no sólo no han finalizado sino que se incrementan. José Sala comenzará a pagar este mes 600 euros por semana para cumplir así con el auto judicial del Juzgado Contencioso Administrativo Nº1 de Palma, que le impuso el pasado marzo a sanciones de mil euros mensuales, a incrementarse a 600 euros semanales a partir de julio por los retrasos en el derribo de la mansión ilegal de Michel Cretu. Una sanción que, según el auto, debía terminar con la ejecución de sentencia de derribo pero que aún está en curso, a pesar de que el Consistorio pidió que se diera por finalizada el pasado 28 de mayo.
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