El diputado José Manuel Bar declaró ayer como testigo por el caso que enfrenta a la Guardia Civil y a once antiautopistas, por las detenciones que tuvieron lugar el 20 de junio de 2006 en Can Malalt, momento en el que era director de la Administración Insular del Estado.
Bar explicó tras su declaración en los juzgados de Eivissa que el juez que instruye el caso y los abogados de ambas partes se interesaron por su actuación aquel día. Al respecto, Bar explicó que su «preocupación era procurar una actuación mesurada de la Guardia Civil, en el sentido de procurar el máximo de respeto a los derechos, libertades y la seguridad ciudadana». Asimismo, el diputado destacó que fueron actuaciones efectuadas «dentro de la dificultad que había en ese momento» y que ésta fue la idea que quiso transmitir ayer en el Juzgado.
«No hay que perder de vista el contexto en el que se producen estos hechos y no podemos olvidar que Eivissa vivió durante enero y julio de 2006 una época convulsa de grave conflicto social», apuntó Bar, que quiso destacar que el «grave conflicto social» de entonces «vino provocado por la actuación de un gobierno del Partido Popular completamente irresponsable y prepotente que quiso imponer unos proyectos contra la voluntad mayoritaria de la sociedad ibicenca». «Y en un contexto anormal pasaban cosas anormales cada día, cosas que nunca se debían haber producido», apuntó Bar, quien quiso remarcar que las recientes manifestaciones no formaron parte de su declaración ante el juez.
Cabe recordar que los antiautopistas detenidos están imputados por un delito de desobediencia y que entre ellos estaban el entonces diputado Miquel Ramón, ahora conseller insular de Política Territorial; la actual diputada de ExC, Marian Suárez; el conseller de Mobilitat, Albert Prats, y el director insular de Patrimoni, Josep María López Garí. Asimismo, en la causa también está imputado por detención ilegal el entonces capitán de la Guardia Civil en las Pitiüses, Fructuoso Jiménez.
Por último, Bar quiso recordar que su papel como director insular «nunca fue ordenar una carga o detenciones» porque no está en sus competencias «el desarrollo de los operativos».
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