Una imagen aérea de la casa de Michel Cretu durante los trabajos de demolición.

Las multas al patrimonio personal del alcalde Sant Antoni por el caso Cretu no sólo no han finalizado sino que se incrementan. José Sala comenzará a pagar este mes 600 euros por semana para cumplir así con el auto judicial del Juzgado Contencioso Administrativo Nº1 de Palma, que le impuso el pasado marzo a sanciones de mil euros mensuales, a incrementarse a 600 euros semanales a partir de julio por los retrasos en el derribo de la mansión ilegal de Michel Cretu. Una sanción que, según el auto, debía terminar con la ejecución de sentencia de derribo pero que aún está en curso, a pesar de que el Consistorio pidió que se diera por finalizada el pasado 28 de mayo.

«Enviamos un escrito al juzgado en el que se indicaba que se había ejecutado la demolición y que sólo quedaba pendiente la restauración paisajística, y solicitamos que se diera por finalizada la sanción», explicó el teniente de alcalde, Joan Pantaloeni. «A efectos de resolver esta petición la jueza solicitó que aportásemos el certificado de final de obra y lo enviamos el 29 de junio. Ahora estamos pendientes de que lo resuelva, pero si tarda un mes o tardan cinco, ya no depende de nosotros», agregó el teniente de alcalde.

Contra estas sanciones, el alcalde presentó un recurso que fue admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) «que aún no se ha resuelto». Mediante el recurso Sala «espera recuperar en algún momento sus pagos», detalló Pantaloeni. «Pero si la jueza tarda un año tendrá que estar pagando 600 euros a la semana», criticó.

Dos vías judiciales

Pantaleoni detalló que el caso continúa ahora por «dos vías» judiciales de las que depende el final de las multas. Por un lado, «que la jueza que lleva el caso de la demolición dé por bueno el cumplimiento de la sentencia del derribo» y, por el otro, «que se resuelva el recurso contra la sanción».

Cabe recordar que la demolición de la casa de Michel Cretu finalizó a mediados de mayo, cumpliendo así como la sentencia de derribo, que la declaró como edificación ilegal por haber sido construida en la cima protegida de un monte en Santa Agnès.

Los trabajos fueron realizados por la empresa navarra Erri Berri, se extendieron por tres semanas y costaron casi 350.000 euros al Consistorio, que ahora reclamará el pago del derribo al afamado músico rumano.

En su recurso contra las multas, Sala pide que no se le haga responsable de los retrasos imputables a otras administraciones ya que, según había explicado en el momento de presentarlo ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears, el Juzgado tardó cuatro meses en dar el primer permiso de entrada para redactar el proyecto de demolición de la casa de Michel Cretu.