C. Roig
El Govern calcula que hay 300 expropiados que no han cobrado sus demnizaciones
La Conselleria d'Obres Públiques del Govern calcula que hay más de 300 afectados por las obras de las carreteras que todavía no han cobrado las indemnizaciones que debían percibir por sus terrenos. Para agilizar el pago, el Govern enviará durante este mes de agosto más de 300 cartas a los propietarios, en las que se les explica que el dinero ya está a su disposición y a su nombre y se les informa de los trámites que deben seguir para cobrar. En total los expropiados por las obras de las autovías ascendían a más de 500 personas.
El Consell aconseja a los consistorios que eviten en sus normas los campos de golf
Todos los ayuntamientos de las Pitiüses están pendientes de aprobar la revisión de sus planeamientos urbanísticos para adaptarlos al Pla Territorial Insular (PTI), unas normas que tendrán que ser aprobadas por el Consell. Ante esta situación, el conseller de Política Territorial, Miquel Ramon, asegura que darán todo tipo de facilidades a los consistorios para tramitar los nuevos documentos, aunque también les advierten de que lo mejor sería que adaptasen sus normas a la política territorial del Consell.
El Consell no autorizará la planta de selección de residuos de Benimussa en suelo rústico
La empresa Unifico S. L. quería instalar una planta de separación de residuos de construcción en una zona rural de Benimussa. Para ello, estaba tramitando una declaración de interés general por parte del Consell para conseguir licencia en suelo rústico. Ahora esta empresa deberá cambiar de planes, ya que el nuevo equipo de gobierno de la máxima institución insular no cree que la ubicación adecuada de una planta de estas características sea la zona de Benimussa.
Serra Escandell, absuelto de prevaricación al prescribir el delito
La forma en la que el Ayuntamiento de Sant Josep concedió la licencia para construir una casa en Puig den Serra en el año 92 «esgarrifa, estremece, espeluzna y horripila», según la sentencia de la Audiencia Provincial, porque «evidencia una clara, patente y clamorosa vulneración de la legalidad que en modo alguno podemos atribuir a simple error, desconocimiento o ignorancia de los acusados». Con esta dureza califican los jueces el permiso que se otorgó a esta edificación en zona protegida, concluyendo que se incurrió en prevaricación. Pese a ello, los magistrados absuelven tanto el ex alcalde José Serra Escandell como los concejales José Marí Prats y José Torres Cardona, Tomàs, por haber prescrito el delito del que habían sido acusados por el fiscal, ya que han pasado más de diez años desde que se cometió.
Fiscalía pide que se impute a Stella Matutes por la aprobación del PTI
El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Balears, Adrián Salazar, explicó ayer que solicita al juez la imputación de estas cuatro personas a raíz de la denuncia del GEN por un presunto delito de prevaricación «y otros». Los ecologistas les acusan también de actividades prohibidas para autoridades, tráfico de influencias y delitos contra el medio ambiente, porque consideran que en el PTI se incluyen disposiciones que se ajustan a proyectos urbanísticos que podían suponer «grandes beneficios económicos para los consellers».
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