C. Roig07/08/07 0:00
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El magistrado del Juzgado de Instrucción número 3, Pablo Mendoza, ha llamado a declarar como imputado a Javier Tébar Garau, técnico del Govern balear, por considerar que la «no adopción» de medidas protectoras respecto a la planta de hormigón de Sant Jordi o la «insuficiencia de controles» podrían convertirlo en uno de los posibles autores de un delito. Este técnico acudió a declarar hace poco como testigo para explicar por qué hizo un informe en el que concluía que esta instalación no provocaba riesgos en la salud de las personas. Este documento sirvió a la fiscal para pedir en su día el levantamiento de la paralización cautelar de las obras de esta planta, que fue construida por la empresa adjudicataria MAB para suministrar de placas de prefabricados a los trabajos de la autovía del aeropuerto.

Los abogados de los vecinos querían además que el juez llamase a declarar como imputado al director de obra del Govern, Josep Morey, aunque el juez lo ha desestimado pese a que no descarta ésta u otra imputación en el futuro. Según el auto judicial, el hecho de que no se le llame ahora «ni implica que no se vaya a investigar la actividad de la Administración, ni supone afirmación de que personas directamente dependientes de la Administración no hayan podido cometer delito». En cualquier caso, el magistrado considera que si hubiera habido delito habría sido por no adoptar medidas de control de ruido y vibraciones de la planta, no por «la simple toma de decisión de instalación en ese lugar», ya que de este hecho, según el juez, «no cabe extraer imputaciones penales». En este sentido, hay que recordar que esta instalación no contó en ningún momento con licencia municipal porque desde el Govern no se consideró necesaria al argumentar que formaba parte del proyecto de ampliación de la carretera.

El juez también recuerda que las medidas correctoras de la planta deberían haber consistido en pantallas acústicas o cerramiento. Sin embargo, en su declaración como testigo Tébar Garau «pareció conformarse con la existencia de algo de vegetación como medida protectora». Además, se quiere dilucidar cómo se efectuó el control del funcionamiento de esta planta a través de la empresa Tragsatec y su relación con la Administración y con este técnico.

El responsable de MAB, Matías Arrom, también declaró como imputado por un posible delito contra el medio ambiente.