Nekane Domblás
Periodista especializada en política
Licenciada en Ciencias de la Información. Profesora asociada de Periodismo en el Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG). Desde que terminara los estudios, ha sido redactora en varios medios. Entró en Ultima Hora en 1996 donde se responsabilizó de la sección Polítita hasta que en 2007 fue nombrada directora de los informativos de IB3 Televisión. En 2011 volvió a Ultima Hora.
El Consell Econòmic i Social cree que el decreto de cupos tiene problemas legales
El decreto del Govern que faculta a los ayuntamientos a que fijen cupos urbanísticos presenta «problemas de legalidad», según el dictamen del Consell Econòmic i Social. En primer lugar advierte de que un decreto no tiene rango suficiente para autorizar a los ayuntamientos a temporalizar la concesión de licencias. El informe señala además que el establecimiento del criterio del estricto orden temporal «debería complementarse con un conjunto de medidas que prevean qué ocurre con las viviendas solicitadas cuando se agote el límite máximo previsto por el planeamiento».
El Govern cambiará el proyecto de ley de cupos para que sea más restrictivo
La Conselleria d'Obres Públiques ha accedido a modificar el primer borrador de la ley de cupos para hacerlo más restrictivo, tras una reunión que ayer mantuvieron PSOE y EU. Además de este borrador, el Govern ha entregado a los 'consells' un decreto sobre la materia.
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El Govern adelantará las ayudas por el temporal a los casos de necesidad
El Govern adelantará el pago de las ayudas para hacer frente a los daños del reciente temporal en aquellos casos que se acredite urgencia o extrema necesidad, en lugar de esperar a mayo para cumplir los plazos previstos. Además, también podrán acogerse a las ayudas los afectados por las inundaciones torrenciales del mes de septiembre de este año en los municipios de Porreres, Campos y Llucmajor, así como los afectados por el cap de fibló de Pollença. Estos son los aspectos más interesantes del decreto que aprobó ayer el Consell de Govern para establecer el sistema de pago de estas indemnizaciones, fijadas inicialmente en 7.900 millones de pesetas, aunque con la posibilidad de ampliar la partida si es necesario.