Tres altos cargos del Pacte tienen en marcha proyectos de polémicas viviendas

Esta misma semana se ha sabido que el conseller d'Interior, el socialista Josep Maria Costa, se está construyendo un gran vivienda en un terreno rústico del municipio de Santa Eulària, en Eivissa, en una zona protegida. Algunas fuentes aseguran que la vivienda ocupará 500 metros, si bien el conseller precisa que serán 200 los metros construidos. En cualquier caso, el dato más revelador no es ni los metros de la casa ni el lugar donde se construye, sino el hecho de que, con el plan territorial que quiere aprobar el Pacte en Eivissa, la casa que se está construyendo el conseller en estos momentos sería ilegal: no podría construirse ya que, una vez que concluya la moratoria, el plan territorial impedirá que se hagan viviendas de las características de la de Costa.

El hecho de que la vivienda se construya en zona rústica es un añadido a la polémica ya que desde las filas socialistas, partido en el que milita el conseller, siempre se ha defendido la necesidad de limitar al máximo la construcción en este tipo de suelo pues consideran que es el que causa más impacto en el paisaje. Una situación prácticamente idéntica se vivió hace unos meses con el conseller de Medi Ambient del Consell de Mallorca, Miquel Àngel Borràs. El representante de Unió Mallorquina ha inaugurado recientemente una enorme casa construida en un Àrea Natural de Especial Interés en Puigpunyent, en plena Serra de Tramuntana que ahora mismo tampoco podría edificarse.

En su caso, la prohibición no guarda relación con el plan territorial, sino con una modificación de la Ley de Espacios Naturales que aprobaron los representantes del Pacte de Progrés nada más comenzar la legislatura. Hasta entonces se podían construir viviendas en zonas naturales en terrenos de al menos 200.000 metros cuadrados. Con la llegada del Pacte, la posibilidad de construir en una zona ANEI quedó totalmente prohibida. El conseller de Medi Ambient del Consell de Mallorca inició los trámites antes de las elecciones, lo cual evidencia que, cuando comenzó las obras no conocía que poco tiempo después su casa no podría edificarse.

El caso de la consellera de Medi Ambient, Margalida Rosselló, es diferente puesto que, en su caso, la vivienda objeto de polémica no está en suelo rústico, sino en suelo urbano. Rosselló trató de edificar una vivienda unifamiliar en un solar urbano de Alaró. La consellera trató de saltarse las normas subsidiarias del municipio: presentó un proyecto en el Ajuntament en el que la edificación no quedaba alineada con el resto de la calle, como obliga la normativa, sino que se alejaba de las demás viviendas. La consellera Rosselló no sólo no se ha conformado, sino que ha presentado un contencioso ante los tribunales.