Editorial
Precariedad en la sanidad pitiusa
La marcha de la única neuropediatra que había en Can Misses, una posibilidad adelantada por este medio hace meses, cuando empezaban las críticas contra el ‘decretazo’ del catalán, ha evidenciado las carencias y la precaridad de la sanidad balear.
Editorial
S'Espalmador seguirá en manos privadas
Las administraciones deben velar por el cumplimiento de todas las normativas medioambientales, pero los recursos públicos tienen que utilizarse para otras materias y urgencias. Que un espacio natural esté en manos públicas tampoco garantiza un éxito de gestión.
Editorial
El gran problema de las pensiones
Un grupo de jubilados ha arrancado las movilizaciones para reclamar unas pensiones más justas. La convocatoria en Ibiza está prevista para este sábado en el Parque de la Paz, en Vila. Los jubilados han explicado a este periódico sus historias personales y realmente son comprensible sus quejas.
Editorial
Los derechos de las mujeres sobre la mesa
Es preciso que desaparezcan las desigualdades que aún persisten entre hombres y mujeres. La jornada de huelga feminista convocada ayer con motivo del Día Internacional de la Mujer, a pesar del seguimiento desigual, ha de considerarse exitoso y que ha servido para concienciar a las propias mujeres y a la sociedad en su conjunto, de que sin ellas y sin su labor en todos los ámbitos, ya sea profesional o doméstico, el país no funciona.
Editorial
Favorecer la actividad empresarial sin sobresaltos
No es aceptable que cada cuatro años cambien normativas esenciales para el funcionamiento de nuestro tejido productivo. Porque la inestabilidad es un elemento desincentivador de la inversión empresarial.
Editorial
Subidas sostenibles de las pensiones
Para gastar más en pensiones hay que sacar el dinero de otras partidas, pero sin aumentar ni la deuda ni el déficit del Estado. Rajoy ha dicho que ahora no es el momento adecuado para la subida, pero nuestros mayores merecen vivir dignamente.
Editorial
El debate sobre la libertad de expresión
Conviene recordar también que este delito figura en el Código Penal, y no en la “ley mordaza”, que simplemente es una ley con carácter administrativo y no penal. Armengol debería saberlo y no confundir a los ciudadanos.
Editorial
Lógica oposición al crematorio de Sant Antoni
¿Hace falta un crematorio cuando hay uno disponible a apenas 20 kilómetros? No es ni necesario ni razonable. Pero lo que tampoco es razonable es que un Ayuntamiento que presume de diálogo, de hacer las cosas de otra manera, no haya tenido la más mínima deferencia y explicara los detalles a los padres. O, al menos, tranquilizarles.
Editorial
Una matanza que no fue delito
La decisión de la jueza de sobreseer la causa fue adoptada tras el análisis de un informe pericial elaborado por un doctor en Biología de la UIB, que concluye que no se ha podido determinar ningún impacto ecológico negativo que haya afectado a la flora y fauna del lugar.
Editorial
El deterioro de la convivencia lingüística
La recogida de firmas ayer en Ibiza de los movimientos Mos Movem y Hablamos Español para defender la libre elección de lengua provocó un gran debate entre los lectores de este periódico, un ejemplo de cómo el tema de la lengua vuelve a ser motivo de polémica y genera problemas de convivencia en la sociedad ibicenca y balear en general.
Editorial
Solo piden auditorías cuando no gobiernan
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ibiza, formado por PSOE y Guanyem, se ha opuesto a realizar una auditoría sobre los diferentes contratos realizados para efectuar la fallida operación de constituir una mancomunidad con Sant Antoni para la gestión de los servicios de suministro de agua.
Editorial
Las peligrosas limitaciones de Formentera
Es comprensible el interés de todos los partidos para proteger la isla de los excesos, pero hay normas y directivas comunitarias que tienen que respetarse. La libre circulación es una de ellas. Y da la sensación que Formentera limitará este derecho e incluso quiere tener información que el visitante sólo debe dar a los establecimientos turísticos.
Editorial
Sant Josep enmienda un error
Este periódico fue muy crítico con todo el proceso del anterior concurso. Y se demostró que obtener ingresos a costa del negocio de las playas le salió demasiado caro al Ayuntamiento de Sant Josep, por la mala imagen que dio el municipio, y los problemas que acarrearon los lotes adjudicados a Marrero.
Editorial
Mano dura contra Airbnb
No es posible que nadie eluda la Ley, pero menos una empresa como Airbnb, que se supone que está asesorada por juristas y que está actuando como si en Balears no hubiese leyes. Eso no es posible en un Estado de Derecho.
Editorial
El Plan de Residuos, un grave problema
Poco se sabe de los planes de Vericad, el conseller experto en dar lecciones a los demás pero que, desgraciadamente, no actúa con competencia con sus propias funciones.
El Plan de Residuos, un grave problema
El Plan de Residuos de Ibiza estará redactado, según las previsiones del Consell d’Eivissa, en 2019. El gobierno insular dice que está en fase de estudio, que trabaja de manera coordinada con el Govern balear, pero la amenaza de ser sancionados por la Unión Europea es una posibilidad más que factible que acarrearía graves consecuencias.
Editorial
Sa Penya: una situación insostenible
También hay que empezar a mirar hacia la Dirección Insular del Estado, responsable de las Fuerzas de Seguridad, y preguntar qué piensa hacer en sa Penya para que las personas puedan habitar allí libremente, sin miedo a que les abran un boquete en la pared y se apoderen de sus bienes muebles e inmuebles.
Editorial
Cas Serres: imposible hacerlo peor
Lo que ha hecho Lydia Jurado es darle la razón a los trabajadores cuando se han quejado de mala gestión en Cas Serres. Los sindicatos no se han inventado nada.
Editorial
El catalán sí genera problemas en la sanidad
Este periódico contaba este miércoles que el Hospital de Formentera cuenta con cinco plazas para cubrir en Atención Primaria, cuatro en propiedad y una temporal. En la promoción interna para reemplazar dicha plaza interina, el único aspirante ha sido rechazado por no poder acreditar el nivel de catalán que se exige en la sanidad pública.
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