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El acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Ibiza , del 28 de abril de 2016, que facultaba al alcalde de la ciudad, Rafa Ruiz , a firmar un acuerdo de 13 puntos con Autoridad Portuaria de Baleares no se llegó a firmar.

Al menos, eso se desprende de la respuesta facilitada este lunes por Autoridad Portuaria. Fuentes oficiales del ente aseguraron a Periódico de Ibiza y Formentera que «no consta la firma del documento». No aclararon, no obstante, si existe el documento firmado y se limitaron a señalar que «no tenemos conocimiento de la existencia del documento firmado».

Desde el Ayuntamiento de Ibiza, tampoco aclararon si Rafa Ruiz llegó a firmar el documento sobre el que había estado trabajando desde principios de la pasada legislatura y que motivó varias reuniones con el entonces presidente del gestor portuario, Juan Gual de Torrella , y con los portavoces de todos los grupos que formaban parte del Consistorio entre 2015 y 2019. El argumento para dar la callada por respuesta es que dichas preguntas «coinciden con la moción presentada por el PP y daremos las explicaciones pertinentes en sede municipal».

Desde el PP se negaron a avanzar el contenido que han registrado para el Pleno del jueves. De lo que no hay duda, es que no hay constancia pública del anuncio de la firma del documento entre Gual de Torrella y Rafa Ruiz, lo que alimenta la hipótesis de que el documento nunca se llegó a firmar y contrasta con la profusión de anuncios, ruedas de prensa y comunicados que fueron comunicados mientras se preparaba su redacción.

Papel mojado

En cualquier caso, las bases del concurso para la gestión del muelle de Levante, aprobadas el 28 de octubre de 2020, ya bajo la presidencia de Francesc Antich , demuestran que el contenido del documento aprobado con el voto a favor de PSOE y Guanyem, la abstención del PP y el voto en contra de Epic, es papel mojado, así como el calendario de actuaciones pactado.

Y el compromiso de Autoridad Portuaria, relativo. Y es que en el punto 4 del acuerdo marco se define el nuevo edificio de es Martell, cuya construcción en ese momento no estaba ni licitada, como «un nuevo edificio de servicios portuarios» justificado en que debía dar «complimiento de las obligaciones derivadas de la adjudicación de la concesión de amarres en esta zona». En esas fechas, la concesionaria, que fue finalmente desahuciada por impago, Sovren House (YSM Marinas Y Puertos de España), ya había recibido la concesión para yates de más de 60 metros. Obviamente, sin derecho a usar una instalación que no existía y que queda demostrado con este hecho que era innecesaria para dar servicio a los grandes yates.

En reiteradas comunicaciones públicas, tanto el alcalde como el presidente de Autoridad Portuaria insistieron en que no habría usos comerciales ni tampoco de restauración para no añadir más competencia a los empresarios de la zona. Así lo refleja también el plan especial en tramitación.

Sin embargo, tal como ha avanzado Periódico de Ibiza y Formentera , las bases del concurso que está en tramitación contemplan el uso comercial de los 600 metros cuadrados del edificio de es Martell.

Un borrador

Desde Autoridad Portuaria despacharon este lunes la incongruencia entre las bases y el plan especial en que el documento, que ya ha sido revisado por el Ayuntamiento de Ibiza, Consell d'Eivissa y Comisión Balear de Medio Ambiente (CBMA), es un «borrador» y, por lo tanto, «susceptible de ser cambiado». Tal como informamos la semana pasada, el edificio del restaurante Roto, uno de los inmuebles que se han levantado sin licencia en Marina Ibiza, no aparece en el documento.

Desde APB explicaron que la Ley de Puertos permite usos comerciales, pesqueros, náutico deportivos y complementarios o auxiliares de los anteriores y que la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP), pendiente de aprobación por el ministro José Luis Ábalos, contempla en esta zona los usos mixtos comercial, náutico pesqueros y complementarios.

«El edificio podrá ser destinado a locales comerciales para aquellas actividades autorizadas por la APB» informó la nota de prensa de la APB que anunció la nueva licitación, afirmación que contrasta con la rotundidad con la que vendió el Ayuntamiento el acuerdo de futuro con Autoridad Portuaria en 2015: «En la zona de es Martell, el Ayuntamiento de Ibiza y Autoridad Portuaria han acordado la creación de una gran plaza pública que incorporará en forma de anfiteatro un edificio que solo alojará usos portuarios ligados a la concesión de amarres que ya está otorgada».

APB dijo en 2016 que el «edificio tendrá usos portuarios».

A pesar de que las bases para el muelle de grandes esloras incumplen el acuerdo, desde APB destacaron este lunes que «prácticamente todo se ha cumplido o está encaminado» y que «el grado de cumplimiento es muy alto».

Inseguridad jurídica

Los juristas y empresarios consultados por Periódico de Ibiza y Formentera consideran una aberración los términos en los que están publicados las bases, ya que, por un lado, ofrecen 600 metros cuadrados de edificio comercial para usos comerciales, ubicados en primera línea y con posibilidad de atender a los usuarios de los grandes yates como los de la dársena de Poniente (Marina Port Ibiza) como a los miles de turistas que pasean a diario por la zona y, por otro, se lavan las manos si no obtienen la correspondiente licencia de actividad municipal.

«Disponer de los locales es una variable de primer orden» para analizar la operación explicó este lunes un representante de las empresas que optan a la concesión.

La situación jurídica de la zona, sin plan especial aprobado, no invita al optimismo. Tampoco ayudan declaraciones como las efectuadas por el entonces teniente de alcalde Joan Ribas, quien aseguró que el Ayuntamiento no daría licencia y las de Rafa Ruiz, quien llegó a ofrecer un acuerdo al Partido Popular para que ambas formaciones se comprometieran por escrito a no dar licencias de apertura para actividades comerciales en la zona.

Las mismas fuentes han mostrado su estupefacción por tamaños disparates jurídicos, ya que las licencias son actos reglados y, por lo tanto, un político no puede decidir si se conceden o no en función de los criterios políticos del momento.

Sin plan especial que defina los usos, difícilmente podrán concederse dichas licencias, lo que, a la vista de lo sucedido en Marina Ibiza, no obsta para que acaben operando negocios fuera de la ley con total impunidad.

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