El caso Mar Blau se saldó con multas tras declararse culpables tres de los imputados

Gerardo Díaz Ferrán, durante la tramitación del caso Mar Blau. | Jaume Morey

José M. de LamoIbiza25/04/21 4:01

El caso Mar Blau es una investigación judicial que se realizó tras la publicación en el periódico El Mundo de una grabación en el que el ex presidente de la Autoridad Portuaria, Joan Verger (fallecido en 2013) pactaba en secreto amañar un concurso público en Mahón con unos concesionarios, a cambio de realizar una serie de dádivas al grupo en el que participaba el empresario Gerardo Díaz Ferrán, que posteriormente se hizo con la concesión de Marina Ibiza junto con el Grupo Alonso Marí, aunque en la actualidad y desde hace varios años está desvinculado de esta concesión.

El caso Mar Blau se cerró en enero de 2019 después de 11 años de tramitación tras alcanzar un acuerdo previo la Fiscalía Anticorrupción con los principales acusados del caso que les permitió una drástica rebaja de las condenas que les reclamaban.

Tres de los 11 acusados admitieron delitos puntuales por los que, en virtud de ese pacto, no tuvieron que ingresar en prisión pero si abonar multas por un valor total de 8.490 euros.

Para Ángel Matías, ex director de la Autoridad Portuaria de Baleares, la Fiscalía pedía 18 años y ocho meses de cárcel. Sin embargo tras el acuerdo la pena se le redujo a 4.050 euros. Fue condenado por prevaricación y por ser cooperador necesario para la alteración de subastas y concurso público.

El empresario Gerardo Díaz Ferrán, que se enfrentaba a una pena de prisión de tres años y medio, finalmente fue condenado a abonar una multa de 2.640 euros como responsable de un delito de alteración de subastas y concurso público

El tercer condenado en el caso Mar Blau, el empresario Pedro Hernández, recibió una multa de 1.800 euros y evitó siete meses de prisión por los mismos delitos que Díaz Ferrán.

Para el resto de los acusados, entre los que destacaba el presidente del ente portuario, Francesc Triay, la acusación fue retirada. A Triay, concretamente, la Fiscalía le pedía en un primer momento hasta 10 años de prisión.

Los acusados admitieron en el acuerdo de conformidad con Fiscalía que el presidente de Autoridad Portuaria en aquella época, el ya fallecido Joan Verger, ofreció a los propietarios del Club Marítimo de Mahón la posibilidad de alterar en su favor el concurso de amarres del puerto. Pidieron que los directivos compensaran a la empresa ganadora, propiedad de Díaz Ferrán, con 13.523 euros y tres amarres de 27 metros de eslora a cambio de renunciar a la adjudicación.

Admitieron a su vez ante el Fiscal Anticorrupción que la operación se disfrazó mediante un contrato para la realización de varios estudios.

En la actualidad hay abierta otra investigación judicial, que en estos momentos está bajo secreto de sumario, por posibles irregularidades realizadas por altos cargos de la Autoridad Portuaria.