El Ayuntamiento de Sant Josep recibió ayer la respuesta del Consell d'Eivissa a su petición de asesoramiento respecto a la situación urbanística de los apartamentos Don Pepe. Una contestación que llegó tras dos meses desde la formulación de la consulta y en la que, según se desprende de una nota emitida por el Ayuntamiento, el Consell elude contestar a la consulta.
Es por ello que el equipo de gobierno de Sant Josep anunció su intención de llevar al Pleno una moción para instar al Consell d'Eivissa a «asumir sus competencias y obligaciones como asesor de los ayuntamientos en materia urbanística y pronunciarse sobre la situación de los apartamentos Don Pepe».
Según el Ayuntamiento, el Consell se habría escudado «en informaciones publicadas en la prensa para evitar pronunciarse en ningún sentido», una respuesta que resultó «muy insatisfactoria».
Consideran que el texto del Consell «carece de todo rigor» cuando «razona que según las informaciones que han visto en prensa, se ha llegado a la conclusión de que el caso ya está resuelto en la vía admisnitrativa». El documento estaría firmado por el conseller de Gestión del Territorio, Mariano Juan.
«Llama clamorosamente la atención que una consulta técnica se dé por ventilada según lo que reproduce un medio, tanto da si las informaciones son fieles o no a los hechos. En este caso, además, con el agravante de que la cuestión no está judicializada, ni así se puede deducir de las informaciones publicadas sobre el caso» critican desde el Consistorio.
La consulta
Los servicios urbanísticos de Sant Josep remitieron sendas consultas al Consell d'Eivissa y al Govern balear para pedir a los departamentos homólogos de estas instituciones superiores que se pronunciasen sobre la legalidad de los edificios y la posibilidad de conceder licencias a los dos bloques de los que constan los apartamentos Don Pepe.
La situación en la que están los edificios «es motivo de preocupación tanto para las decenas de familias que viven en ellos como para el equipo de gobierno y los servicios municipales», indicaron desde el Consistorio
Consideran que la denegación de asesoramiento vulnera lo previsto en materia de colaboración entre administraciones públicas que establece la Ley 40/2015.
Actualmente hay dos escaleras desalojadas de estos apartamentos por la situación en la que se encuentra la estructura, que llevó al Consistorio a ordenar la medida ante el riesgo existente. Según los servicios jurídicos del Ayuntamiento el edificio en el que se produjo el desalojo estaría fuera de ordenación, por lo que no podrían autorizarse ningún tipo de obras.
La solicitud de los servicios urbanísticos iba orientada a pedir una segunda opinión al respecto.
Mariano Juan considera que el Consell no puede sustituir al criterio del Ayuntamiento
El conseller insular de Gestión del Territorio, Mariano Juan, consideró respecto al comunicado del Ayuntamiento que «el Consell no puede jamás sustituir al Ayuntamiento y sólo él sabe si el edificio es legal o no». Recordó que el régimen de los edificios ilegales está «claro en la ley» y que el Consell no puede inventarse un criterio alternativo. También hizo referencia respecto a este tema a la moción propuesta por el el PP en el Parlament para resolver este tema a la que PSOE y Podemos votaron en contra.
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