El proceso de carga del camión del hermano de Silvia durante el desalojo del 4 de junio. | Marcelo Sastre

La presidenta de la comunidad de propietarios del edificio Cantos Rodados (apartamentos Don Pepe), Silvia Hernández, confiesa que tenía muchas ganas de contar todo lo que ha vivido estos meses. Este verano ha aprendido derecho y arquitectura técnica, muy a su pesar. Ahora vive con su madre, teniendo vivienda en propiedad, y su casa está en el camión de su hermano, menos las lámparas, que siguen colgando del techo de su vivienda entre puntales.

«Mi hermano no quitó las lámparas porque pensé en el rollo que iba a ser volver a instalarlas cuando pudiera volver. Otros no tuvieron medios para llevarse nada. Ese día fue horrible. Delante de todos le exigí al concejal de Urbanismo que nos diera una cita. Queríamos saber qué pensaba hacer el Ayuntamiento con nosotros y qué había pasado». Era jueves, 4 de junio. Se inició el primer desalojo de los apartamentos Don Pepe. Veinte días después se produciría el segundo, de los vecinos de la escalera 2. Este episodio, de la compleja historia de los Don Pepe, empezó el 30 de mayo.

La caída de un trozo de techo
En la vivienda de Juan Francisco del Valle, en la cuarta planta de la escalera 1, se cayó el techo. En concreto la base de algunas bovedillas en una de las habitaciones. Del Valle llamó a los bomberos. Inspeccionaron el desperfecto y cerraron la habitación hasta que se reparase. Llamó al seguro que envió a un perito, que indicó que no existía peligro y que prepararía un presupuesto para reparar.

Tres días después, el martes 2 de junio acudieron los técnicos municipales. Visita rutinaria tras el aviso de bomberos. Realizaron una inspección visual tanto de los desperfectos de la habitación como del exterior de los edificios A y B. Según los vecinos no manifestaron ninguna preocupación por riesgo de la estructura. «No se aprecian patologías graves que hagan suponer un riesgo inminente para la seguridad de las personas en el resto de viviendas del bloque, no obstante, sí se aprecian patologías generalizadas en la fachada consistentes en fisuras», indicaban en ese informe.

Pero al día siguiente hubo una nueva visita que lo cambió todo.

«A las 17:00 llamaron a mi puerta, venían dos hombres acompañados de Policía Local que me dijeron que eran arquitectos contratados por el Ayuntamiento que querían ver mi piso. Les hice que pasaran. Luego visitaron otras viviendas y se marcharon a las 20:00. Lo sé porque estaba controlando, porque no entendía nada. Pues a las 20:30 tenía al concejal de Urbanismo tocando al portero automático».

Ángel Luis Guerrero dijo que venía a dar malas noticias: «Tienes que hacer las maletas porque mañana desalojamos toda la escalera. Después de esta vendrán las siguientes y el otro edificio». La cara de Silvia debió de ser un poema. Le explicó que ya estaba avisada la Guardia Civil y los Servicios Sociales. Se había contratado un albergue para el realojo inmediato. Esto era así.

No había informe, había bastado la inspección visual y una llamada para tomar la decisión. Este es uno de los aspectos que el abogado de la comunidad de vecinos alega en su recurso contra las resoluciones de desalojo de las escaleras 1 y 2.

«Podemos decir que desalojan la escalera 1 sin motivo justificado, porque en la orden que me dieron a mí los técnicos municipales dicen que no hay riesgo inminente», argumenta Hernández. Dice que la justificación fue posterior. «Al ver que estaba apuntalada una zona del restaurante abandonado en el bajo. Allí tuvieron la justificación. Cuando apuntalaron la escalera la reapuntalaron tanto que parece que la cosieron con barrotes».

En el restaurante se había apuntalado una jácena, la viga que soporta la pared medianera entre la escalera 1 y la 2. Y aquí tenemos que volver a dar un salto atrás en el tiempo.

Un edificio que iban a reparar
El antiguo restaurante bajo la escalera 1 llevaba más de una década abandonado. Su propietario no pagaba la comunidad y el abandono del local había provocado que se deteriorase el interior y el exterior. Cuando por fin la comunidad pudo actuar, se localizó el daño en la jácena «que era perfectamente reparable», asegura Silvia, conforme al criterio del arquitecto de la comunidad. De hecho su reparación ya estaba programada. También el arreglo de toda la fachada hasta los cimientos. Pero la declaración del estado de alarma lo echó todo al traste.

Se había presentado una comunicación previa, como procede en estos casos, para sanear toda la fachada desde los cimientos y sanear la pared hasta arriba. Incluso se habían hecho ya las catas para comprobar que era necesario hacer una zanja alrededor del edificio de un metro de profundidad.

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La comunidad tenía ya el dinero y las obras debían empezar entre abril y mayo. «Estábamos esperando a cambiar de fase para empezar con los trabajos. Todo el mes de abril estuve haciendo entrevistas a jardineros. Los jardines pegados a la fachada debían retirarse porque la tierra y las plantas humedecían la fachada. Estuve un mes haciendo entrevistas a jardineros. Quería quitar las plantas valiosas y replantarlas en otras zonas para preparar la zona para cuando se pudieran hacer las obras de rehabilitación, pero el 30 de mayo sucedió esto y se fue todo al traste. Por cierto que no les he dicho nada todavía a los jardineros».

El desalojo
Volvamos al jueves 4 de junio. Entre un enorme revuelo, con la presencia de Policía Local, Guardia Civil, personal de Servicios Sociales y varios concejales de la corporación municipal, se procede al desalojo de la escalera 1.

El viernes por la mañana ya se estaban vallando la zona y dejando allí los puntales. En la orden les habían indicado que tenían 72 horas para vallar, pero el Ayuntamiento tomó la iniciativa. En ese momento los vecinos no se plantean nada más allá que la situación debía de ser grave y que por eso se estaba procediendo al vallado y apuntalamiento.

El mismo día por la tarde se reunieron los vecinos con el Ayuntamiento. Les explicaron que se habían visto obligados a contratar un arquitecto externo y que el trabajo de suministro y el vallado se hacía sin coste. «Decían que tenían todas las ganas de colaborar. En ese momento les creímos», dice Silvia.

Pero veinte días después, sin que todavía hubiera informe técnico y con la escalera 1 totalmente apuntalada, llega la orden de desalojo de la escalera 2.

Todo se basa, según la comunidad de vecinos, en una llamada telefónica y una inspección visual. Si bien se han hecho catas en la escalera 1 y en las zonas comunes de la escalera 2, todavía no hay informe técnico de los arquitectos del Ayuntamiento.

En la reunión con el Ayuntamiento en Sant Jordi el arquitecto contratado por el Ayuntamiento dijo que de su boca no habían salido las palabras riesgo inminente. El adjetivo es fundamental para la comunidad de vecinos. Consideran que si el riesgo no era «inminente» ellos podían haber seguido en sus viviendas. El Ayuntamiento indica que, conforme a los técnicos municipales, existía riesgo para las personas.

Silvia se queja, además, de que no hay un plan de actuación en las labores de apuntalamiento, o al menos no se lo han mostrado. Que se han agujereado todas las viviendas de la escalera 1 para poner los puntales sin un plan concreto. «¿Cómo se decidió dónde debían ir los puntales y por qué motivo?», se pregunta.

Pidieron que sus arquitectos acompañaran al equipo externo, algo que se denegó aduciendo que querían trabajar solos.

Tres meses después del desalojo, la mayoría de las familias tienen una residencia provisional, mientras se toma una decisión respecto a sus casas. Algunas de ellas deben pagar hipoteca y alquiler.

Dos familias consiguieron, a través de resolución judicial, que el Ayuntamiento se tenga que hacer cargo de su alojamiento al no poder permitirse pagar la hipoteca y un alquiler. Un pulso que ganaron después de nueve días de protestas.

El equipo jurídico y técnico de la comunidad de vecinos considera que el Ayuntamiento busca la ruina técnica o económica del edificio. Siguen pendientes de conocer el informe técnico de los arquitectos contratados por el Consistorio. Desde el Ayuntamiento insisten en que se trabaja en buscar una solución a medio o largo plazo, pero los vecinos ya han iniciado la vía judicial. El objetivo es, simplemente, poder volver a sus hogares.