Tras declarar en el juzgado en calidad de imputada junto con siete de sus exconcejales por la indemnización de más de 400.000 euros por parte del Ayuntamiento de Vila a la empresa Park Control, la exalcaldesa Lurdes Costa insistió en que la operación se realizó bajo el aval de «informes técnicos internos y externos».
«Hemos aclarado y hemos explicado una vez más que todo se hizo conforme a la ley, con base en los informes que redactaron los técnicos y que nosotros, lejos de favorecer a Park Control, lo que hicimos en aquella famosa junta de gobierno fue rescindir el contrato a la empresa», dijo la exalcaldesa. La juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa, María Luisa Bustillo Gandarillas, tomó ayer declaración en calidad de imputados a Lurdes Costa, los extenientes de alcalde Santiago Pizarro y Vicent Torres, y los concejales Vicent Ferrer, Sandra Mayans, Marc Costa, Juan Manuel Rubio e Irantzu Fernández.
Estos ocho miembros del grupo municipal de PSOE-Eivissa pel Canvi están imputados como resultado de la denuncia que presentó el empresario Josep Maria Molins el 26 de febrero de 2010 contra Costa y su junta de gobierno por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. El Ayuntamiento de Vila restó 412.120,51 euros de la deuda que Park Control tenía con la institución, una medida que deriva del pago por parte de la empresa del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) que exigió la Agencia Tributaria a esta compañía.
La Fiscalía pidió el archivo de la denuncia al entender que «el asunto se aleja del ámbito penal», pero el denunciante recurrió ante la decisión ante la Audiencia Provincial, cuya Sección Segunda la revocó y obligó a que «se practiquen las diligencias interesadas por el denunciante», por lo que la juez María Luisa Bustillo ha citado a declarar como imputados a los miembros de la junta de gobierno de Costa.
Los informes técnicos a los que apela la junta de gobierno que presidía Lurdes Costa señalan que este impuesto no lo debía pagar Park Control, pero el denunciante opina lo contrario y señala en su denuncia que la empresa adjudicataria del servicio público tiene la obligación de liquidar «los impuestos, tasas, (...), y otros gravámenes y exacciones que resulten de la aplicación según las disposiciones legales con ocasión o consecuencia del contrato o de su ejecución».
A pesar de contar con el informe municipal que avalaba la compensación del dinero a Park Control, Costa explicó que decidieron pedir otro más, éste de carácter externo: «Aunque por supuesto que nos fiamos de nuestros juristas y técnicos, queríamos tener una opción más, y éste informe fue corroborado por nuestro secretario municipal».
A la salida del juzgado Costa explicó que respondieron a las preguntas que les formuló su abogada y a las de la juez, pero que se acogieron a su derecho a no responder a las del abogado de Josep Maria Molins y a las del letrado del PP, que se sumó al proceso como acusación particular.
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