La exalcaldesa de Vila en la pasada legislatura y los exregidores Vicent Torres y Santiago Pizarro han declarado hoy lunes en los juzgados de Eivissa por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos en el conocido como «caso Park Control».
La empresa Park Control S.L. gestionó la concesión de la zona azul de la ciudad hasta que su contrato fue rescindido por el incumplimiento de los pagos del canon del servicio al ayuntamiento.
Tras su declaración, Costa ha recordado a los periodistas que el gobierno que ella dirigió decidió «rescindir el contrato y secuestrar la concesión».
En este sentido, ha subrayado que un informe jurídico externo, avalado por el secretario municipal, fijó qué cantidades debía hacerse cargo la empresa y cuáles debía asumir el consistorio. «Así lo hicimos y no tenemos nada que ocultar», ha afirmado Costa.
Tanto la exconsellera como Torres y Pizarro han dicho que están «tranquilos y con ganas de explicar nuestra versión ante el juez», aunque se han negado a responder a las preguntas del representante del denunciante, Josep María Molins.
Según ha comentado la exalcaldesa, no han contestado porque «es sabido» que el denunciante tiene «animadversión manifiesta» contra ellos y «se ha dedicado a poner denuncias» contra el ayuntamiento que ha ido perdiendo «una tras otras».
El PP, ha añadido Costa, ha empleado estas denuncias para «sacar rédito político».
Este caso saltó a la luz pública en febrero de 2010 cuando se conoció que entre los años 2007 y 2009 el Ayuntamiento de Ibiza no ingresó ni un euro a cargo de la concesión de la zona azul, y que posteriormente el consistorio condonó la deuda de 412.120,51 euros que tenía Park Control porque asumía la cuantía que debía en el pago del Impuesto de Bienes Patrimoniales, una tasa que en el pliego de condiciones de la contrata no quedaba claro si debía asumir la empresa a no.
Fue una condonación que benefició a la empresa y que, según la sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma, podría comportar indicios de presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, por lo que estimaba que el juez instructor debía tomar declaración a los miembros del equipo de gobierno que votaron en Junta de Gobierno esa decisión.
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