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Los Mossos d'Esquadra han cerrado en toda Catalunya un total de 244 colegios electorales hasta las 13 horas del domingo, ha informado la policía catalana.

En este balance, los Mossos no detallan si estos centros tenían gente acampada o concentrada dentro y si se han tenido que desalojar o usar la fuerza, y tampoco especifican en que ciudades o municipios han actuado.

En un apunte en su cuenta de Twitter, los Mossos aseguran que están en la calle trabajando «para dar cumplimiento a la orden del TSJC con proporcionalidad », adecuándose a cada situación para garantizar la seguridad.

Por su parte, el Ministerio del Interior ha informado de que, a las cinco de la tarde de este domingo, la Policía y la Guardia Civil habían cerrado 92 centros de votación en toda Cataluña y habían detenido a tres personas, una de ellos menor de edad, por delitos de desobediencia y atentado contra agentes de la autoridad.

Además, según el balance provisional de Interior, nueve policías nacionales y tres guardias civiles han resultado heridos en el ejercicio de sus funciones en contra el referéndum ilegal por mandato judicial.

Y así, la pasividad demostrada por los Mossos d'Esquadra, que ha evitado precintar los colegios electorales previstos para la celebración del referéndum ilegal de independencia, y la posterior intervención de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para impedir el voto han marcado las primeras horas de la jornada de hoy, desarrollada con mucha tensión y votaciones en muchos colegios electorales, pero sin ninguna garantía democrática. Además, la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado, mandatadas por la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en las que se han visto escenas con utilización de la fuerza --dejando un balance de 465 heridos según el Gobierno catalán--, han provocado un enfriamiento en el apoyo del PSOE al Gobierno, a quien ha culpado de lo que está ocurriendo en la misma medida en la que culpa al Gobierno de la Generalitat por el referéndum ilegal.

Los Mossos d'Esquadra habían asumido la responsabilidad de precintar los colegios electorale s, una orden dada por la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Mercedes Armas, según transmitieron en las reuniones de coordinación mantenidas los días pasados en la Delegación del Gobierno en Barcelona, coordinadas por el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos.

Para materializarlo, el Mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero dió una instrucción el pasado viernes según la cual los agentes debían precintar los colegios electorales a las seis de la mañana, aunque limitando su actuación si peligraba la seguridad ciudadana.

Pero, tras la ocupación de muchos centros durante el fin de semana, las organizaciones independentistas han comenzado el día a las cinco de la madrugada concentrándose masivamente en las puertas de los Colegios. A las seis no había ni rastro de los agentes autonómicos y han comenzado a llegar las urnas y las papeletas, portadas por particulares.

La presencia de la policía autonómica ha comenzado a verse cerca de las siete, cuando parejas de Mossos han empezado a pasarse por los centros. Estos se han limitado a levantar acta asegurando que no podían precintar los colegios, ni llevarse las urnas, priorizando de esta manera la seguridad ciudadana sobre la celebración del referéndum.

Además, y en previsión de que se pudieran cerrar centros, el Gobierno catalán ha cambiado las 'reglas del juego', es decir, las normas de la votación aprobadas por el Parlamento catalán el pasado 6 de septiembre. Lo ha hecho 45 minutos antes de que comenzara la votación, optando por hacerlo en base a un ' censo universal ' y permitiendo que se pudiera votar en cualquier colegio y hacerlo sin sobres y con la papeleta impresa en casa.

La reacción del Ejecutivo de Mariano Rajoy ante este súbito cambio de normas no se ha hecho esperar y han dado por «desbaratado» el referéndum poco después de las 8:30 horas, alegando que la Generalitat había «liquidado cualquier vestigio de respetabilidad democrática».

Pero la pasividad de los Mossos ha provocado que comenzaran a intervenir la Guardia Civil y la Policía cerca de las nueve de la mañana, cuando muchas de las mesas de votación ya se habían constituído, los centros estaban llenos y había centenares de piquetes en las puertas. A la par que se producía el despliegue de los antidisturbios de los dos cuerpos policiales por toda Cataluña, la Guardia Civil ha 'tirado' el sistema informático que sostenía el 'censo universal' para impedir que el referéndum se desarrolle en una aparente situación de garantía legal.

Los integrantes de las mesas, que han sido elegidos en algunos casos de entre el público con el sólo requisito de tener un smartphone y cargador, han optado por proseguir con las votaciones anotando a mano a las personas que votaban, sin poder contrastar si ya lo habían hecho o no. Horas después, tras la acción policial, se han podido ver votaciones en plena calle sin censo y sin control de ningún tipo de quiénes eran los electores.

Este clima ha propiciado que la acción policial --inicialmente de Guardia Civil y Policía, a la que después han comenzado a unirse parte de los Mossos--, esté transcurriendo con mucha tensión y numerosas cargas policiales para salvar la resistencia de los independentistas. De hecho, a las cuatro y media de la tarde, la Consejería de Sanidad de la Generalitat cifraba el número de heridos en 465, alguno de ellos grave. Además de once agentes heridos leves.

Incluso se han producido escenas de mucha tirantez entre policías y guardias civiles con agentes autonómicos, que se han encarado con los primeros cuando realizaban su trabajo de frenar a los independentistas. En algunos casos, se ha visto obligada a intervenir la guardia urbana para separarlos.

EL PSOE MARCA DISTANCIAS Una de las primeras consecuencias de esta bronca situación ha sido el enfriamiento del apoyo del PSOE al Gobierno en relación con Cataluña, y así ha quedado constatado con la intervención de su secretario de Organización, José Luis Ábalos. Este, tras realizar un llamamiento a la calma, ha dejado claro que no les gusta lo que están viendo y que ve al Ejecutivo de Rajoy «superado» ante un Gobierno catalán que se ha «instalado en la desobediencia». No obstante ha evitado pedir el cese de las cargas policiales como sí ha hecho el líder del PSC, Miquel Iceta.

Pablo Iglesias también ha aprovechado la situación para repescar su propuesta de moción de censura y pedir al PSOE que cese de apoyar la «estrategia suicida» del PP, al que ha acusado de recorte de las libertades y de demostrar su debilidad con las cargas policiales.

Por su parte, tanto el Gobierno como el PP se han esforzado en señalar como culpable de todo lo que está sucediendo al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y a sus consejeros, por su empeño en celebrar un referéndum ilegal, suspendido por el Tribunal Constitucional. Tanto Soraya Sáenz de Santamaría como Fernando Martínez-Maillo les han vuelto a pedir que cesen en la escalada de ilegalidades y han reclamado a otros partidos que no hagan cálculos electorales con este asunto ni caigan en «equidistancias».

Pero Carles Puigdemont, lejos de ceder, ha acusado al Gobierno de tratar de imponer las cosas por la fuerza y no con argumentos y ha tachado la acción policial de «represión enloquecida con violencia injustificable contra gente pacíficamente concentrada» en los colegios electorales.

El presidente de la Generalitat cree que el Ejecutivo no ha logrado su propósito y ha puesto como ejemplo el hecho de que él ha podido emitir su sufragio, al igual que lo han hecho el resto de Consejeros, la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y multitud de ciudadanos.

Incluso el consejero de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, ha anunciado que pedirá al Parlamento Europeo y a la Comisión que insten al Consejo de Europa a actuar contra el Estado por las cargas policiales que ha habido este domingo contra el referéndum. Asegura que invocará el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que permite al Consejo de Europa tomar medidas contra un Estado miembro si constata la «violación grave» de los derechos fundamentales de los europeos.

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