Este jueves día 3 de abril entra en vigor la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Este lunes, el Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB) expresó su «máxima preocupación» por la falta de directrices claras a la hora de aplicar la nueva norma que busca agilizar la tramitación de los procedimientos.
Si bien el Colegio aseguró apoyar la medida que impulsa la aplicación de Métodos Adecuados de Solución de Controversias (MASC), éste alertó sobre la falta de directrices para poner en marcha, principalmente, la imposición de estos mecanismos como requisito previo a la vía judicial en los órdenes civil y mercantil.
El juez decano Sergio González Malabia explicó ayer que la reforma del sistema judicial anunciada hace meses contemplaba dos tipos de modificaciones: una de carácter organizativo, cuya aplicación se iniciará en octubre, y otra reforma de carácter procesal en los distintos procedimientos.
El magistrado recordó que, en materia civil y como requisito previo para admitir la demanda, se exigirá desde ahora que las partes acrediten haberse sometido a algún procedimiento de mediación. «El comportamiento de las partes en dicho procedimiento previo negociador tendrá también consecuencias a lo largo del proceso», advirtió. Coincidiendo con la abogacía, González Malabia destacó la dificultad para documentar que las partes se han sometido a esa mediación «puesto que existen muchas dudas sobre cómo hacerlo».
«Es muy difícil acreditar que se ha comenzado una negociación entre los letrados o las partes porque además se impone un criterio de confidencialidad», insistió.
El juez decano no descartó que la nueva norma suponga un «caos» puesto que existen problemas técnicos a la hora de ponerla en marcha. «Su aplicación práctica es todavía una incógnita y puede dar lugar a muchos supuestos e incluso a situaciones de trato desigual», concluyó.
Para los letrados de Baleares, entre los aspectos que generan mayor inquietud se encuentran la indefinición sobre cómo justificar y certificar la actividad negocial previa; la falta de un criterio unificado para evaluar su cumplimiento y las posibles repercusiones en la tasación de costas. Además, el ICAIB afirmó que dicha indefinición podría derivar en interpretaciones dispares entre juzgados y generar desigualdades entre partidos judiciales. La Junta reclamó mayor claridad sobre cómo se compensará a los abogados que asuman la vía extrajudicial en representación de sus defendidos.
Las críticas
A comienzos de año, el juez decano Sergio González Malabia ya aseguró que los cambios en Justicia no iban a servir para resolver el gran problema que sufre su Administración: los retrasos y acumulación de expedientes por resolver. Para el magistrado, la nueva ley redistribuye la presencia de juzgados como órganos independientes, pero «eso no va a suponer que se aligeren cargas».
Las sedes judiciales deberán adaptarse a estos cambios en unos meses, aunque el decano confirmó ayer que por el momento no han sido informados sobre cómo realizar esas adaptaciones más de tipo organizativo que deberían estar listas en octubre. El decano no descartó que acabe por aplicarse una prórroga de seis meses «porque a día de hoy todavía hay muchas dudas sobre cómo hacer el cambio, que además necesita de muchos medios e inversión».
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