Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, estas medidas cautelares están motivadas por la apertura de un expediente administrativo sancionador por presuntas infracciones en el ámbito de la Marina Mercante contra este barco, denunciado por la Guardia Civil por ofrecer fiestas a bordo sin la preceptiva autorización.
Mientras se resuelve el expediente iniciado, la embarcación ha quedado inmovilizada sin poder realizar ninguna actividad comercial hasta que no se satisfaga la sanción impuesta.
A partir de la denuncia presentada por la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil (PAFIF), Capitanía Marítima ha constatado que la embarcación «carece de cualquier tipo de registro, matrícula, certificado o cualquier otra clase de inscripción y que para las operaciones realizadas carecía de cualquier tipo de autorización», incurriendo en varias infracciones graves de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
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