Ocho de los doce jueces de Eivissa secundan la huelga en la judicatura por su "paupérrima situación"

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, de los 130 jueces que hay en las islas, 51 han comunicado que secundaban la huelga.

Concretamente, en Mallorca han hecho huelga 41 de los 111 magistrados (37%), mientras que en Eivissa la han secundado 8 de los 12 jueces (66%) y en Menorca 2 de los 7 magistrados (28,5%).

Con motivo de la huelga, un total de 70 jueces y fiscales del archipiélago balear se han concentrado frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares a las 13.00 horas y, al acto, han asistido, entre otros, el juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, María Moretó, y el fiscal Anticorrupción, Juan Carrau.

Durante este acto, Moretó ha recordado que en el ámbito penal, los jueces y fiscales reclaman más medios, teniendo en cuenta que el Código Penal «sólo endurece penas, lo que significa que «nos dedicaremos al delito bagatela, pero no tenemos absolutamente ningún medio para luchar contra el cáncer de esta sociedad, que es la corrupción».

Así, ha insistido en que la corrupción requiere de medios y, en el caso concreto de Baleares, ha indicado que es conocido que todas las causas de corrupción «van adelante porque los jueces de instrucción, los fiscales y los secretarios ponen de su parte, desplazándose a otras Comunidades Autónomas para practicar diligencias y trabajando de sol a sol, citando a la gente los sábados para que se pueda llevar adelante el procedimiento».

En cuanto a las tasas, la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales ha solicitado que las tasas judiciales «se adecúen al nivel adquisitivo» y que no se privatice el registro civil.

«Hubo una reunión conjunta de jueces y fiscales con el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, en la que se comprometió a que cualquier iniciativa legislativa que llevara a cabo, hablaría primero con nosotros y esto no ha sido así, porque ha puesto en marcha proyectos legislativos, como la Ley de Tasas, que tiene que dar marcha atrás y que todavía no sabemos en qué términos se va a producir esta reforma», ha criticado.

Así, ha recalcado que los jueces y fiscales siempre han declarado diálogo con el ministro y que se sentara a hablar con todas las asociaciones, si bien «esto no ha sido así y no ha habido absolutamente ninguna respuesta, por lo que no nos ha quedado otro remedio que acudir a esta medida drástica que no nos gusta y que ninguno de nosotros hubiéramos imaginado que llegáramos a esta situación».

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia en Baleares, Gabriel Fiol, ha reclamado un incremento de la inversión pública en materia de Justicia para que jueces y fiscales puedan hacer el trabajo de forma «más adecuada», teniendo en cuenta, según ha censurado, que «hoy estamos a la cola de Europa, ya que prácticamente sólo hay 10 jueces por cada 100.000 habitantes».

Asimismo, ha pedido la «paralización inmediata» del Proyecto de Ley para la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano que está destinado constitucionalmente a «garantizar nuestra independencia». Finalmente, Fiol ha solicitado la derogación de la Ley 8/2012 para garantizar la tutela judicial efectiva.

Mientras, el juez decano de Palma ha recordado que, además de los asuntos de corrupción, existen «muchísimos» casos ordinarios en el ámbito civil, mercantil, social y contencioso administrativo «en los que el ciudadano de a pie también tiene derecho a una tutela judicial efectiva y que también está siendo desatendido».

«No puede ser que la corrupción sea objeto de especial atención, que lo debe ser, pero que sea a costa de la desatención de otras jurisdicciones que también están en una situación de penuria de medios importante», ha sentenciado.