La defensa de J.F.P. y el ministerio público alcanzaron ayer un acuerdo mediante el cual el acusado acepta una pena de dos años y medio de cárcel que queda en suspenso durante cuatro años siempre y cuando continúe, como hasta ahora, con el tratamiento de desintoxicación de sustancias estupefacientes que ya comenzó en la prisión de Eivissa y que debe seguir durante, al menos, dos años.
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