Los radares fijos de Eivissa imponen 351 multas en el primer trimestre del año

Teniendo en cuenta que, según informó el Gobierno en su momento, los radares de la carretera de Santa Eulària y los de la de Sant Josep entraron en funcionamiento el 10 de marzo, la gran mayoría de las multas impuestas en el primer trimestre de este año corresponden a infracciones cometidas en la autovía de Sant Antoni y, por tanto, se refieren a conductores que sobrepasaron los 80 kilómetros por hora. En las otras dos parejas de radares el límite máximo de velocidad establecida es de 60 kilómetros por hora.

En el mes de enero los radares impusieron 87 multas, 106 en febrero y 158 en marzo, un total de 351 sanciones que amenazan con superar ampliamente a las 587 que se detectaron a lo largo de todo el año pasado, cuando únicamente había radares en la autovía de Sant Antoni.

En 41 días

En cualquier caso, es previsible que el total de multas al acabar 2012 quedará muy lejos de las 2.369 que se registraron en 2010 y también muy lejos de la increíble cifra de 5.053 sanciones que los dos radares de la autovía de Sant Antoni impusieron en sus primeros 41 días de funcionamiento, a finales de 2008 y principios de 2009. Los radares de la autovía están instalados en el punto kilométrico 7,900 en dirección a Vila y en el 9,600 en dirección a Sant Antoni, es decir, cerca de la entrada y la salida del túnel de Sant Rafel y vigilan que los vehículos no superen los 80 kilómetros por hora. Entraron en funcionamiento el 12 de diciembre de 2008 y en las primeras semanas ponían 123 multas diarias.

En resumen, desde que comenzaron a funcionar los radares fijos en Eivissa el número de sanciones impuestas no ha dejado descender, aunque todo apunta que este año, por contra, podría advertirse un aumento debido a la instalación de los de la carretera de Santa Eulària y los de la carretera de Sant Josep.

Las sanciones que derivan de los excesos de velocidad detectados por los radares fijos se tramitan de forma automática a través del Centro de Tratamiento de Denuncias Informatizadas de León, que entró en funcionamiento en marzo de 2008. El sistema agiliza los procesos de gestión de las sanciones, de forma que reduce el plazo de recibo a tan sólo diez días.