El Govern dejará de asistir a víctimas de delitos en sus diez oficinas

La Direcció General d'Interior, Emergències y Justícia del Govern informó ayer de que dejará de dar asistencia a las víctimas de delitos a partir del 1 de enero a través de su red de diez oficinas por falta de presupuesto, aunque remarcó que la atención está garantizada por otros organismos. El anuncio se llevó a cabo después de que finalmente no se llegara a un acuerdo con los colegios oficiales de Abogados y Psicólogos, que rechazan la propuesta de reducir el número de horas de asistencia prestada en proporción a la rebaja del dinero disponible para el servicio, informó la Conselleria de Administraciones Públicas en un comunicado.
El Govern recordó que las Oficinas de Ayuda a las Víctimas del Delito se crearon en toda España a raíz de la Ley 35/1995 de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos, para garantizar la atención psicológica y social de estas personas, pero Balears fue pionera en abrir su primera oficina de estas características en 1989.
En 1997 se firmó un convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia para poner en marcha otra oficina en las dependencias de los juzgados de instrucción y de lo penal de Palma. Se trataba en realidad de una encomienda de gestión, de modo que la competencia seguía siendo del Ministerio, que debía proporcionar el local y los servicios necesarios para su mantenimiento, mientras el Govern se comprometía a proporcionar los recursos materiales y personales para atender a las víctimas.
Posteriormente, en 2008, el Govern y los colegios oficiales de Abogados y Psicólogos firmaron un convenio en materia de asistencia a las víctimas del delito, que se ha ido prorrogando hasta la actualidad. Para 2011, y en virtud a este acuerdo, los colegios oficiales tenían el compromiso de ofrecer 202 horas de asistencia semanal (106 jurídicas y 96 psicológicas) por un importe de 142.859 euros en el primer caso y 122.486 en el segundo. El coste total eran 265.346 euros.
80.000 euros
Sin embargo, y atendiendo a la «complicada situación», la Direcció General d'Interior, Emergències y Justícia del Govern «se ha visto obligada» a plantear una reducción de su aportación económica, proporcional a las horas de servicio convenidas, señala la nota.
El Govern propuso destinar 80.864 euros para 60 horas de asesoramiento legal y 71.450 euros para 56 horas de apoyo psicológico, condiciones que han sido rechazadas por ambos colectivos profesionales.