Balears necesita, al menos, 26 jueces más para afrontar el aumento de litigiosidad

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha pedido al Gobierno central que destine 26 nuevos jueces al archipiélago para hacer frente a la acumulación de asuntos por resolver, especialmente acuciante en los juzgados de lo social y en el penal de ejecutorias de Palma, así como en los de Primera Instancia de Eivissa.
El presidente del TSJIB, Antonio Terrasa, informó en rueda de prensa del balance de necesidades aprobado por la sala de gobierno del máximo órgano jurídico insular y transmitido al Consejo General del Poder Judicial para que lo traslade al Ministerio de Justicia.
Terrasa, que ha cifrado en un 7% el incremento de la carga de trabajo de la Justicia balear en 2010, ha admitido que «probablemente no se van a crear» los nuevos juzgados y plazas de juez necesarios, pero ha demandado que, al menos, se mantengan o renueven refuerzos imprescindibles para evitar el colapso de algunos órganos.
En concreto, el presidente del TSJIB pide la continuidad de los refuerzos en el juzgado de lo penal de ejecutorias (número 8 de Palma), en la sección penal de la Audiencia Provincial, que resuelve asuntos de todas las Islas, y en los juzgados de lo mercantil, y que se recupere el juez y los funcionarios extras destinados en 2010 a los juzgados de lo social de Palma.
Sobrecarga
Terrasa ha explicado que la cifra de 26 unidades judiciales es el resultado de un cálculo realizado a partir del número provisional de asuntos registrados en los diferentes órganos el año pasado y su contraste con el número de jueces existentes y con la carga máxima fijada en cada caso por el propio Consejo del Poder Judicial.
De acuerdo con estas estimaciones, son precisas sendas nuevas plazas de magistrado en la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia y en la sección penal de la Audiencia Provincial.
Además, sería preciso crear diecisiete nuevos juzgados de Primera Instancia en Palma y dos en Eivissa, un nuevo juzgado de ejecutorias, dos nuevos órganos de los social y otros dos de lo mercantil en la capital balear.
El presidente del TSJIB ha puesto el acento en que, pese a que las carencias en juzgados de primera instancia son las más relevantes desde el punto de vista cuantitativo, las consecuencias más penosas del exceso de carga las sufren los ciudadanos afectados por causas pendientes en los juzgados de lo social, que tramita asuntos como los despidos y los impagos.
Terrasa ha eludido concretar sus expectativas respecto a cuántos de los 26 nuevos jueces demandados serán finalmente destinados a Balears por el Ministerio, pero ha recordado que en 2010, cuando las necesidades eran solo ligeramente menores, se crearon un juzgado de instrucción en Palma y dos unidades nuevas en Inca y Manacor.
Sobre estas últimas, ha recordado que su puesta en marcha permitirá la separación entre juzgados penales y civiles en ambas localidades, que pasarán a tener cinco juzgados de primera instancia y tres de instrucción en cada caso, lo cual debería representar una agilización en la tramitación de asuntos.
Oficina judicial
Respecto a la implantación de la Oficina Judicial, creada por ley hace siete años para agilizar la Administración de Justicia y que iba a aplicarse en Balears de forma pionera, Terrasa ha apuntado que podría servir para mejorar el funcionamiento de los juzgados, particularmente en casos como el de las ejecutorias, pero ha asegurado desconocer si finalmente se pondrá en marcha en 2011