J.M.A.28/01/09 0:00
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Juan José Peciña y Juan Manuel Miranda son dos de los cerca de veinte afectados por el derrumbe del edificio Barceló, un suceso que en su momento conmocionó a la isla y que ayer cumplió ocho años sin que la justicia por el momento haya dirimido lo ocurrido, y han decidido declararse en huelga de hambre. «Está fallando lo más básico de la sociedad: el derecho a la justicia», denunció ayer Peciña, que junto con su compañero ha decidido no ingerir alimento y tratar de subsistir a base de agua en la puerta de los juzgados hasta que alguien les dé una fecha.

A lo largo de estos años jueces y fiscales han ido pasando por encima de este complicado y trabajoso asunto hasta que, finalmente, una representante del Ministerio Público ha elaborado el escrito de acusación: reclama 1'7 millones de euros por el hundimiento y 27.000 euros de multa para los tres acusados. El escrito todavía no está en poder de los abogados de los afectados, aunque, según ha podido saber este diario, las reclamaciones particulares no difieren mucho de las estimaciones de la fiscal.

En el caso de Peciña, su abogado, Santiago Lucas Yuste, solicita una multa de unos 30.000 euros para cada uno de los acusados y una indemnización de entre 180.000 euros y 210.000 euros por cada vivienda. El caso está en manos del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Eivissa. La juez, que ayer explicó que se incorporó al cargo el pasado noviembre, calificó la causa como «muy complicada», ya que precisa de numerosos análisis químicos e industriales y la «elaboración de muchas diligencias».

«Indignación»
La juez, no obstante, entiende que ocho años de espera, a los que hay que sumar lo que reste, que según dos de los abogados de particulares podrían ser otros dos o tres más, es mucho tiempo y aseguró que entiende la «indignación» de los dos afectados que ayer se plantaron frente al juzgado. La juez dijo que la fase procesal está finalizada y ahora «entramos en la fase de apertura oral». «Puede que se haga en dos o tres meses», aventuró.

Los acusados son los representantes de Barceló Viajes e Inmuebles Balears y el administrador de Construcciones Saguri. Además todo indica que el edificio se construyó sin licencia, algo que se aireará durante el juicio, advirtió un abogado, que además anunció «sorpresas» que podrían acarrear consecuencias para una persona relacionada entonces con Viajes Barceló y con el Ayuntamiento de Vila. Ayer por la mañana, Juan Manuel Miranda, unas dos horas después de haberse instalado frente a la puerta del edificio judicial, lamentó: «Hemos llegado y nadie de los juzgados ha salido para preguntarnos o decirnos algo, tan sólo los vigilantes han venido para echarnos unos metros más allá». El caso de Miranda es uno más de los 20. «Yo sigo pagando la hipoteca (230 euros) sin tener el piso, más el alquiler. Tras todo lo ocurrido perdí mi trabajo y me tuve que ir de la isla y desde entonces ni una sola noticia de la Justicia», señaló.