Francisco Javier G.C., el ex agente de la Guardia Civil que estuvo destinado en Eivissa y que pasó por prisión después de que el propio instituto armado le investigara por supuestamente comandar un grupo dedicado a la extorsión valiéndose de información reservada, se sentará finalmente en el banquillo este mes de mayo, el día 26, para enfrentarse ante la Audiencia Provincial a los casi doce años de cárcel que pide para él el fiscal.
La detención del acusado tuvo especial relevancia en su día porque la presunta red se destapó tras supuestamente coaccionarse al ministro de bosques de Guinea Ecuatorial en su residencia de Sant Antoni, lo que se conoció como «caso Obiang». Entre las personas que tendrán que comparecer ante el tribunal como sospechosos figuran también dos hombres que fueron relacionados con la Armada y otro agente de la Benemérita. Uno de los primeros tenía otra identidad al ser un testigo protegido del denominado caso Lasa y Zabala.
El fiscal establece en su escrito de acusación que Francisco Javier G.C., en concurso con otros dos acusados, fundo en agosto de 2000 la empresa Agencia de tecnologías, Investigación y Sistemas de Seguridad (ATISS), firma que tenía como objeto la investigación y averiguación de hechos delictivos pese a ser incompatible con la profesión de guardia civil y trabajos por los que se obtuvo remuneración económica.
Los acusados, siempre según los cargos presentados, trabajaron para varias compañías de seguros para aclarar la veracidad de siniestros declarados y ofrecieron sus servicios de escolta en la residencia del citado ministro guineano en Sant Antoni. Al no aceptarse su propuesta, pidieron dinero a cambio de no divulgar grabaciones y fotos comprometidas. También se les imputa presentarse como agentes de otras unidades del instituto armado y amedrentar a sus potenciales «clientes» diciéndoles que les perseguía la «mafia rusa».
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