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La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma no pudo celebrar ayer en Eivissa dos de los juicios previstos por la incomparecencia de los acusados. En el primero de ellos se dictó una orden de búsqueda y captura contra A.J.B. y A.J.M., dos ciudadanos británicos acusados de un delito contra la salud pública. La segunda suspensión tuvo lugar al no tener constancia el tribunal de que el encausado hubiera recibido la notificación de los juzgados.

El único juicio celebrado ayer fue contra el ciudadano alemán Franz B.V., a quien en el año 1990 se acusó de tenencia de 44 gramos de cocaína, de una pureza del 51 por ciento, en su casa. El acusado negó en todo momento que la droga hallada en un armario de su dormitorio fuera suya y la defensa basó su actuación en unas supuestas irregularidades cometidas durante el registro. El ministerio fiscal, que solicitaba en un principio una pena de tres años de prisión menor, rebajó dicha sanción y pidió un año de prisión menor debido a la demora que sufrió la celebración del juicio, la cual, indicó, no podía achacarse al acusado. La defensa, por su parte, solicitó la absolución de Franz B.V., quien, en una última intervención, reiteró su inocencia y volvió a denunciar las irregularidades cometidas en el registro.

Los dos juicios restantes se saldaron con sendos acuerdos entre el fiscal y la defensa. En el primero de ellos, Miguel Jiménez Martínez aceptó una condena de un año y dos meses de prisión y una multa de 1.100.000 pesetas por un delito contra la salud pública. En el segundo, Said Louanchi fue condenado a dos años de prisión y a dos multas de 144.000 pesetas cada una por dos agresiones sexuales y los delitos de lesiones y trato degradante, respectivamente. Louanchi agredió a la que era su pareja y con la que convivía en su domicilio y en una playa en mayo de 1998. La sentencia le obliga, además, a no poder residir en la misma localidad que la víctima durante 5 años.