«Hay 200.000 personas en Baleares pendientes de que se resuelva un caso que afecta a sus vidas». El presidente del TSJIB, Carlos Gómez, comparó la situación de las listas de espera sanitarias con el atasco de la administración de Justicia en la presentación de la memoria anual de la institución que reflejan un incremento del 9,72 % de los casos pendientes por resolver a pesar de que, el año pasado, salieron más solucionados que nunca. El problema, un aumento de los nuevos casos nunca registrado y que por primera vez supone más de 200.000 asuntos ingresados en los juzgados y eso hace que los pendientes por resolver sean 111.000, cuando la espera sanitaria está en 90.000 afectados.
Ese incremento de litigios se concentra además en dos sitios: los juzgados de lo Social y los de Primera Instancia. En ambas jurisdicciones el aumento se sitúa en torno al 15 % y, según la memoria, el impacto de las reclamaciones de consumidores «ahoga» la jurisdicción Civil. Según los cálculos contenidos en la Memoria, de acuerdo con el número de asuntos que entran y los módulos de carga establecidos por el Ministerio de Justicia, en Balearse se necesitarían casi 40 jueces más, un tercio más que la plantilla actual. Gómez destaca que de esos, solo 16 tendrían que reforzar los juzgados de Primera Instancia de Palma, «lo que da idea de lo apurada que está la situación».
Las cifras
En Ibiza, la suma de los casos pendientes en los Juzgados de Instrucción, Primera Instancia y el de Violencia sobre la Mujer supera los 12.000 procedimientos, en concreto, se trata de 12.672 procedimientos. A esto hay que añadir los casos que se están gestionando en el Juzgado de lo Social, donde el juez Decano ya mencionaba recientemente que el sistema está colapsado, con unos 2.000 casos nuevos cada año.
En el ámbito de la jurisdicción civil, hay un total de 6.101 asuntos pendientes de resolución. De ellos, 5.669 corresponden a la primera instancia, 125 a Violencia sobre la Mujer y 307 a casos de Familia. Durante el último año se resolvieron más de 11.000 casos, y en 2024 ingresaron más de 10.600 nuevos procedimientos.
En en el ámbito penal, hay casi 6.600 casos por resolver. De ellos, 6.277 pertenecen a los Juzgados de Primera Instrucción y 294 están relacionados con Violencia sobre la Mujer. A lo largo del año pasado, se resolvieron más de 16.700 casos, mientras que ingresaron un total de 17.800 nuevos.
En la presentación de la memoria, el presidente del TSJ también destacó la falta de personal y de infraestructuras adecuadas, haciendo hincapié en la necesidad urgente de finalizar la construcción de los nuevos Juzgados, que aún están si acabar pues hay juzgados que están en el edificio del Cetis en lugar de en sa Graduada. En este sentido, la Memoria de la Administración de Justicia también señala la necesidad de crear nuevos juzgados en Baleares, específicamente en Ibiza, donde se requieren dos de Primera Instancia y uno de Instrucción.
El presidente del TSJIB ve con «esperanza» la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia, en vigor desde este mismo jueves. «Así no podemos seguir, tiene que haber un cambio y la implantación de los juzgados de instancia es una idea que se intenta desde hace décadas. Esperemos que la puesta en marcha sea un éxito». Gómez señaló que la sustitución de los juzgados tradicionales por órganos colegiados ayudará a crear plazas de jueces cuando sean necesarios y también puso en valor la apuesta por otras vías de solución de conflictos en materia civil. «Todos los cambios asustan un poco», admitió, en torno a las reticencias que genera la norma.
La entrada en vigor de la normativa ha provocado una explosión de demandas, que intentan evitar el requisito de tener que acudir a una vía de negociación antes de ir al juzgado.
3 comentarios
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Hay cada letrad@ y juez@ por ahí que contribuyen al pésimo funcionamiento de los Juzgados en Eivissa
Papeles y funcionarios. Pasan los años y nada cambia. Ni en la era digital Normal que no cambie el que no evoluciona aser más rentable y mejor es el funcionario.
Bravo, Por fin se le da eco al gran atasco que sufren los juzgados, por falta de personal. Una Justicia lenta, es una doble condena, para el afectado.