La portavoz Silvia Hernández lamentó «la falta de información por parte de las administraciones» puesto que la última comisión de seguimiento tuvo lugar el pasado mes de julio. «Nos dicen que están trabajando, pero no tenemos información y desconocemos dónde puede estar el problema. Por ello, decidimos hacer una serie de acciones para transmitir nuestra desesperación y cansancio porque se cumplen cinco años de esta historia», afirmó. La próxima comisión tendrá lugar el 26 de febrero.
Hernández recordó que su intención era trabajar con las partes implicadas sobre la posibilidad de la legalización de los edificios, «pero esto hasta ahora no se ha dado y tenemos respuestas a cuentagotas».
La portavoz destacó además que tras conocerse el decreto de simplificación administrativa del Govern se consideró que podía tener encaje el hecho de legalizar los dos bloques, dándose después permiso para una rehabilitación. Desde entonces, apostilló Hernández, «sabemos que están trabajando, pero no sabemos en qué».
También aseguró que el Ayuntamiento de Sant Josep contrató unos servicios externos para estudiar la viabilidad jurídica y técnica de la propuesta, «pero no sabemos si hay nada concreto o si hay problemas. Queremos ser parte de la solución».
«Con la situación tan terrible que tenemos en Baleares, y en Ibiza concretamente con el tema de la vivienda, es horrible pensar en tirar 106 pisos porque no se ve claro el tema de legalizar o no, cuando se han legalizado cosas que estaban en una situación más complicada. Es cuestión de voluntad política y seguimos unidos y esperando una solución», concluyó Hernández.
El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, pudo reunirse tras la sesión del Parlament con los vecinos y reiteró su «absoluto compromiso» por colaborar con ellos «y poner las herramientas que sean precisas para tratar de solventar este problema que dura demasiado tiempo».
Mateo recordó que siguen trabajando con el Consell d'Eivissa y el Ayuntamiento de Sant Josep para proporcionar las herramientas «y todo aquello que sea necesario para que los vecinos, y sería la solución ideal, puedan volver lo antes posible a sus casas».
Desde el Consistorio josepí se limitaron a señalar que «se intenta trabajar en la solución que reclaman».
Retorno
A finales del pasado octubre, dos de las familias perjudicadas por esta situación decidieron retornar a sus viviendas como forma de protesta exigiendo tanto al Govern como al Ayuntamiento una solución definitiva. El alcalde Vicent Roig se personó en el edificio al enterarse de lo sucedido y les recordó que el inmueble está en estado de ruina, por lo que era peligroso para su integridad física permanecer allí. Roig explicó posteriormente que los vecinos le habían pedido revisar la declaración de ruina y convocar «de manera urgente» la comisión de seguimiento, algo que finalmente tendrá lugar el próximo día 26.
El primer edil dijo entonces entender perfectamente la desesperación de los afectados y aseguró que había trasladado rápidamente sus peticiones al Govern.
2 comentarios
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el vende humos del Agustinet fue el que lo lio todo, luego siguio su sucesor y ahora este unos por otros lo unico cierto es que han sido engañados.
Lo tenias en vías de solución hasta que llegó el nuevo alcalde. Disfruten de lo votado