La Policía Local de Sant Josep contabilizó en verano un total de 154 núcleos y hasta 206 camas. | Arguiñe Escandón

El asentamiento de Can Raspalls fue uno de los más polémicos a lo largo de este último verano. Si bien el protagonismo se lo llevó mayoritariamente Can Rova, por su virulento desalojo y su repercusión mediática, el de Sant Jordi no se quedó muy atrás. A principios de octubre del año pasado el alcalde del municipio, Vicent Roig, anunció que se desalojaría el lugar y se sancionaría a los que siguieran residiendo en el terreno. Pese a que en ese momento no se estableció ninguna fecha concreta, se habló de un plazo «de unas semanas».

En ese momento, la Policía Local de Sant Josep contabilizó un total de 154 núcleos y hasta 206 camas e, incluso, un «alojamiento turístico» disponible a través de plataformas en Internet como AirBnb. Bastaba con pasar por delante, circulando por la carretera, para ver cómo las tiendas de campaña sobresalían entre la maleza de un terreno abarrotado en plena temporada turística, en el    cual era habitual contemplar un trasiego ciertamente constante de personas.

Ahora, sin embargo, la imagen es muy diferente. Con sólo pasar por delante se observa que la población residente ha decrecido. Adentrándose en el seno del asentamiento, esta sensación se confirma. Las tiendas de campaña han dejado paso a pequeñas casas de palets y contrachapado, con las cuales los residentes tratan de resistir de la mejor manera posible al frío y la humedad propia de estos meses de invierno.   

Otra novedad es que estas improvisadas viviendas están marcadas    mediante las letras A o B, seguidas de una numeración de uno o dos números. Dando un pequeño paseo por el lugar parecen lejanos los tiempos en los que ese asentamiento estaba repleto de gente que se movía de un lugar a otro sin parar.

Uno de esos residentes que resiste en el lugar es Ahmed, quien explica que «aquí había cerca de trescientas personas durante el verano. La mayoría de ellos vienen para la temporada turística y, cuando se termina, se van a otro lado. Los que nos hemos quedado es porque trabajamos aquí todo el año pero no podemos permitirnos alquilar una vivienda», asegura. Sobre la numeración que aparece en cada una de las viviendas, Ahmed explica que «lo puso la policía para identificar cuantos éramos. Si la letra es A es porque es un núcleo familiar, y si la letra es B significa que están solos. La numeración llega hasta 12». Añade que, actualmente, hay una treintena de personas que siguen residiendo en el asentamiento.

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La mayoría partieron en octubre, pero muchos de ellos ya están planeando su vuelta: «A finales de enero algunos ya empezarán a volver, porque comienzan los preparativos de la temporada y ya tienen trabajo».

Altos precios

Como tantos otros, Ahmed trató de acceder a una vivienda convencional, pero se encontró con una problemática que ya es habitual, los altos precios y los requisitos que piden: «cuando buscaba habitación me pidieron hasta mil euros, además de pagar meses por adelantado. Yo tengo trabajo como camarero en verano, y en invierno trabajo en la obra, pero no me puedo permitir esos precios», detalla Ahmed. Otro de los residentes, quien prefiere no dar su nombre, habla sobre la distribución del asentamiento, y sobre el famoso caso de la tienda de campaña que se destinaba al alquiler.

Tal y como él explica «la zona más cercana a la carretera, que es donde estaban ubicadas las tiendas que se alquilaba, era donde estaban los latinoamericanos, que llegaron más tarde desde un asentamiento que se desalojó en San Antonio. En el resto somos casi todos saharauis». Sobre esta zona dentro del asentamiento, asegura que era la más conflictiva del lugar: «se utilizaba para la prostitución, entre otras cosas. Las chicas pagaban 10 o 20 euros al propietario de la tienda para mantener relaciones con sus clientes ahí. Eso pasaba desde hacía tiempo, pero nadie se enteraba. Todo cambió cuando empezó a anunciarlo por internet. A partir de ahí ya vino la Policía y le multaron con 92.000 euros. Sé que ha tenido que ir a Madrid por juicios». Daniela es vecina de Ahmed dentro del asentamiento. Ha fabricado una pequeña casa con palés, donde está pasando el invierno. Como su compañero, asegura que es imposible acceder a una vivienda digna en la isla: «yo me dedico a la limpieza. Trabajo durante el verano, en la temporada, pero no puedo permitirme acceder a un alquiler. Están demasiado caros». A diferencia de la mayoría de residentes, de origen saharaui, ella es de Europa del Este, y es de esos pocos que se queda durante todo el año. Sobre la posibilidad de desalojo, asegura «tener miedo, porque yo he creado mi hogar aquí y no sabría donde irme», explica.

Ella llegó a principios del verano pasado y ha visto primero el lugar llenarse y, posteriormente, vaciarse con el invierno. Sabe que es posible que este proceso se repita dentro de unas semanas. Desde el Ayuntamiento de Sant Josep siguen sin confirmar ninguna fecha para el desalojo anunciado, pese a que cada vez queda menos para que esos antiguos residentes emprendan el camino de vuelta al lugar.

Según el informe de final de año de la Policía Local, la población residente se sitúa en torno a la quincena de personas. Además, desde el Consistorio han asegurado que habrá «novedades respecto al asentamiento», pese a que todavía no pueden avanzar la información.