Imagen de archivo de una protesta de funcionarios de la cárcel de Ibiza.

Los funcionarios de la cárcel de Ibiza no tienen transporte colectivo hasta el centro penitenciario desde el pasado mes de mayo, cuando el Ministerio de Interior anunció que suspendía este servicio. En septiembre, en una respuesta al senador del PP Miquel Jerez, Interior explicaba que entre los motivos para la cancelación del transporte se encontraba el hecho de que tenía menos de ocho usuarios al día. Algo que ahora han desmentido los funcionarios, que aseguran que el número de trabajadores que utiliza esta línea es superior a 20. Así lo ha asegurado en declaraciones a Periódico de Ibiza y Formentera el Sergio Jiménez, representante en Ibiza de TAMPM, sindicato mayoritario de prisiones.

Jiménez, además, también ha desmentido a Interior en cuanto a la respuesta ofrecida a Jerez sobre la ubicación del centro penitenciario y su cercanía a líneas de autobús públicas: «Evidentemente, no es cierto que la cárcel esté en el núcleo urbano de Ibiza. Está en Sant Josep y fuera del núcleo urbano. Como tampoco es cierto que exista una parada a cuatro minutos a pie. La línea más cercana es la 35 pero no va bien por sus horarios. Por ejemplo, hay muchos trabajadores de la cárcel que salen de trabajar a las 21.30 horas y en ese momento el autobús no pasa por allí».

Jiménez ha recordado que el sindicato se reunió en su día con el director insular de Transportes, Roberto Algaba, para estudiar la posibilidad de ampliar los horarios de la línea 35 pero «el coste era muy elevado y no era viable para el Consell». Y a ello se sumó la imposibilidad del ministerio de lograr que alguna empresa concurriera al concurso convocado para renovar el servicio. El resultado fue que Interior decidió suspenderlo y, desde entonces, los funcionarios de la cárcel deben trasladarse a la misma por sus propios medios.

«Nosotros no podemos ir en un autobús público en el que coincides con familiares de los presos o con presos que salen y entran porque están en tercer grado», ha explicado el sindicalista, «es obvio que necesitamos una protección especial. Nos ha molestado que se diga que nuestro transporte tiene un coste de 500 euros diarios sin tener en cuenta la realidad». Y ha añadido: «Con la desamortización de los centros penitenciarios que se dio en los años 80 y 90, cuando las cárceles comenzaron a construirse fuera de los núcleos urbanos, se pactó con los sindicatos que Interior se haría cargo de este transporte. Es un derecho adquirido desde hace más de 40 años. Aquí en Ibiza, desde que se construyó la prisión. Y ha sido ahora que nos lo han quitado, dicen que por motivos presupuestarios. El resultado es que desde mayo no tenemos este servicio. Los trabajadores venimos en nuestros coches, los que lo tenemos, y estamos aparcando en las calles de alrededor de la cárcel porque el parking está lleno. Y hay trabajadores que no tienen vehículo porque vienen de la Península para estar aquí un tiempo y no se han traído en coche, así que necesitan el servicio de transporte. No es un capricho. Nosotros somos trabajadores públicos y vamos a donde nos mandan. Venimos aquí obligados e Ibiza es un sitio caro. Nuestros sueldos son bajos y ahora, además, nos quitan el transporte».

Por otro lado, el representante de TAMPM ha explicado que la cárcel de Ibiza tiene en estos momentos alrededor de 100 presos con los que trabajan menos de 100 funcionarios. La plantilla debería ser de 101 trabajadores pero «faltan entre 10 y 12». Y pone como ejemplo que, actualmente, el penal carece de médico, lo que obliga a trasladar a los reclusos a Can Misses cuando hay algún problema, con todo lo que estos traslados conllevan.

La cárcel ibicenca está formada por cuatro módulos residenciales. Cada uno de ellos puede acoger a unos 30 presos, que están bajo el control de dos funcionarios. Para el sindicato es una situación difícil que se agrava ante la falta de reconocimiento social hacia estos trabajadores. Una situación que Sergio Jiménez lamenta a modo de conclusión «A veces hay un solo funcionario por módulo y la gente no se da cuenta de lo que eso significa. Luego ves a otros funcionarios que tienen reconocimiento social pero eso nunca pasa con nosotros».