Un momento de la inspección llevada a cabo este martes por la mañana. | Alejandro Mellon

Pacífico y muy tranquilo. Así fue el registro realizado ayer en el asentamiento de Can Raspalls, en Sant Jordi, por parte de la Policía Local de Sant Josep y la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil, una fuerza encargada de mantener la seguridad en entornos urbanos y rurales.

Estos agentes se presentaron temprano en este poblado chabolista para actualizar el censo de personas que viven en este solar y el número de infraviviendas, así como la supervisión de la evolución del asentamiento una vez ha finalizado la temporada turística.

Bajo esta premisa, los agentes implantaron un dispositivo de inspección a través del cual detectaron ayer hasta 154 infraviviendas y más de 200 camas en este solar de Sant Jordi. Desde el Consistorio josepí puntualizaron que para hacer el censo, contabilizaron una persona por cama. 

Esto supone un descenso de los pobladores del asentamiento en comparación con el mes de agosto, ya que por estas fechas, según indicaron desde el Ayuntamiento, se llegó a contabilizar hasta 300 moradores, mientras que ayer se registraron 206 inquilinos.   

Además, para poder censar estas cifras durante el registro, ambas fuerzas se dirigieron a cada uno de los moradores de esta parcela privada – que se encontraban ayer por la mañana en este espacio – para realizar el control periódico y, para ello, solicitaron la documentación a estos inquilinos para conocer su nacionalidad. También preguntaron a los habitantes sobre su situación familiar, social, laboral y económica, y sobre si trabajaban como temporeros en Ibiza.

En este sentido, algunas de estas personas señalaron ante la Policía Local de Sant Josep y la Guardia Civil que en la isla se quedarían entre uno y dos meses más, aunque también hubo personas que señalaron que se quedarían en el asentamiento durante todo el año, ya que trabajan en Ibiza durante los doce meses. En total, según fuentes municipales del Ayuntamiento de Sant Josep, sólo ocho de las personas censadas ayer en este poblado chabolista carecen de trabajo. Hay que señalar que,    aunque se contabilizaron 206 camas en total durante el registro, únicamente se detectó la presencia de 38 personas –muchos de ellos procedentes del Sáhara– ya que la mayoría de las chabolas estaban vacías en el momento del registro. En relación a los hogares levantados en esta parcela privada, dichas fuentes informaron de que el 56 % de las infraviviendas eran tiendas de campaña y el 43 % eran chabolas. Además, también señalaron tras realizar el registro que en total había tres menores viviendo en este solar e indicaron que estos jóvenes están en seguimiento desde que llegaron al asentamiento.

Lo mismo ocurre con el resto de inquilinos porque, a través de estos controles, indicaron los agentes, se puede documentar la evolución de este poblado ilegal. También subrayaron que cada dos semanas se realiza un control mediante un dron que vigila la evolución y monitorea el posible crecimiento de estos espacios.

En esta misma línea, desde el Ayuntamiento de Sant Josep también informaron de que actualmente la zona tiene un «mayor estado de degradación» y presenta más suciedad que en el último control. Además, señalaron que durante la inspección ocular se detectaron puntos de hogueras y localizaron bombonas de butano, hornillos, cocinas de gas y baterías destinadas a dotar de un punto de suministro temporal de energía.

Seguimiento

«Algunas de las infraviviendas que han visto están abandonadas, razón por la cual harán seguimiento en las próximas semanas», agregaron dichas fuentes, resaltando que la actitud de las personas que residen en este solar fue «colaboradora» y «dialogante» con la Policía Local de Sant Josep y la Guardia Civil.

«Ha habido alguna reticencia a la hora de saber dónde trabajaban porque algunos tenían miedo a ser denunciados, pero se les explicó que inicialmente ese no era el motivo de la visita de la Policía Local de Sant Josep y la Guardia Civil», apuntaron. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Sant Josep habilitó una medida municipal hace meses para evitar que este campamento de infraviviendas creciera.

Para ello se colocaron grandes piedras en los accesos al solar para, según explicaron desde el Consistorio, impedir la entrada de caravanas a este terreno de propiedad privada. Una «medida disuasoria», agregaron, que buscaba evitar la entrada de vehículos. «Es muy complicado gestionar esta problemática porque es un terreno de propiedad privada y la actuación municipal se limita al exterior del solar. Mientras la propiedad no denuncie, es muy complicado que la situación cambie», apuntaron desde el Consistorio. En esta línea, el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, también indicó que este terreno pertenece a un fondo de inversión, «el cual no ha denunciado esta okupación, demostrando durante todo este tiempo un gran pasotismo».