Aitor Morrás en una visita al programa BNP en TEF. | Toni Planells

La reciente contratación del exconcejal de Movilidad de Vila Aitor Morrás como conductor de taxi ha levantado ampollas entre sus ahora compañeros del sector. De hecho, se ha dado registro de entrada en el Ayuntamiento de Eivissa de una instancia en la que se denuncia un posible conflicto de intereses entre Morrás y su jefe, Joan Marí, antiguo vicepresidente de la Asociación de Taxistas Profesionales de Vila, la minoritaria en el municipio.

Cabe recordar que en 2022, Morrás dejó como único operador de GPS en Vila a Nitax, utilizado solo por una treintena de taxistas pertenecientes en su mayoría a la asociación de Joan Marí. Morrás, como máximo responsable de Movilidad en Ibiza,    GPS rescindió el contrato con la Federación Insular del Taxi (Fitie) a raíz de una denuncia de Nitax porque el GPS de la Fitie, que utilizaban la mayoría de taxistas, prestaba servicios de Vila a chóferes de otros municipios, lo que incumplía el reglamento de Vila.

Fuentes del Ayuntamiento de Eivissa señalaron ayer que el Consistorio no tiene competencias para resolver si existe o no un conflicto de intereses en este asunto.

Otro caso en Vila

El de Morrás no es el primer hipotético caso de conflicto de intereses en el Ayuntamiento de Ibiza. De hecho, el año pasado, la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Balear, que PPy Vox han liquidado esta legislatura, concluyó que el exteniente de alcalde de Vila Alfonso Molina, del PSOE, incumplió la ley al fichar por la empresa concesionaria del alumbrado público de la ciudad de Ibiza (Citelum) antes de que pasaran dos años desde su cese en el cargo que ostentaba en el Ayuntamiento de Ibiza por sus irregularidades al recibir sus empresas unas subvenciones del SOIB.

La Ley Reguladora de Bases de Régimen Local determina que durante los dos años siguientes a la finalización de su mandato, a los representantes locales se le aplicará el artículo 15 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, según la cual «no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado».

Aitor Morrás compagina su labor como taxista por las tardes con el de inspector turístico del Consell de Formentera por las mañanas.