La corporación ‘josepina’ vota por unanimidad instar al Gobierno a que cambie la ley para que la actividad de los taxis ‘pirata’ sea delito. | Moisés Copa

Unanimidad en el pleno de Sant Josep para reclamar al Gobierno un cambio legislativo para que la actividad de taxi ‘pirata' sea consideradA un delito y no una falta administrativa como ahora. Sant Josep es el municipio de la isla de Ibiza más afectado por este tipo de intrusismo que se lleva a cabo, sobre todo, en el aeropuerto, las playas y a la salida de las discotecas.

Todas las formaciones apoyaron la moción presentada por la concejala de Unidas Podemos, Mónica Fernández, en la que también se insta a la dirección del aeropuerto de Ibiza y al Estado a reforzar la seguridad y la presencia policial en la terminal aeroportuaria. Otro de los puntos que también salió adelante (con el voto en contra de los diez concejales del equipo de gobierno) fue instar al Consell d'Eivissa a que incremente su plantilla de inspectores dedicados a perseguir esta actividad ilegal.
«Quien no cumple es el Estado con la Guardia Civil, que es quien nos tendría que ayudar. En Sant Josep no podemos ampliar más la plantilla de la Policía Local. Necesitamos seriedad por parte del Gobierno y de Aena y que se envíen los medios necesarios para poder actuar», señaló el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig.

Por otro lado, el Pleno de Sant Antoni, además, ha aprobado una moción de Unidas Podemos con el fin de proteger al colectivo del taxi frente a los taxistas piratas. En este caso, la concejal podemita Angie Roselló ha aceptado retirar tres de los cuatro puntos de la propuesta para conseguir aprobar por unanimidad instar al Gobierno central a modificar el Código Penal con el objetivo de que se considere delito el transporte de pasajeros por tierra sin el título habitante para ello.

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Todos los grupos municipales han estado de acuerdo en la necesidad de proteger al colectivo del taxi en esta situación. La teniente de alcalde Neus Mateu ha recordado que tanto el Consistorio como el Consell están «de acuerdo en luchar contra el transporte ilegal». La concejal de Seguridad ha recordado que la Policía Local cuenta con su propia unidad contra el intrusismo. Pero Mateu también ha subrayado que la capacidad de actuación en este caso es del Estado, que, ha señalado, ha de activar de una vez por todas el plus de insularidad para lograr que los cuerpos y fuerzas de seguridad puedan completar sus plantillas en la isla y, así, incrementar los esfuerzos contra problemas como el de los taxis piratas.

Sin zona verde en Sant Jordi

El equipo de gobierno y Vox rechazaron la propuesta del grupo socialista de implantar una zona verde para que los residentes en Sant Jordi aparcar libremente en el núcleo urbano. «La obligatoriedad de mover los vehículos cada dos horas ha repercutido de forma negativa», señaló la concejala socialista Present Ortiz.

Vicent Roig, por su parte, destacó que la reactivación de la zona azul en Sant Jordi ha supuesto que haya más aparcamiento en el centro del pueblo y que «nadie tiene que andar más de 500 metros para aparcar». Además, señaló que en el solar adyacente a la plaza del pueblo se habilitarán alrededor de 70 plazas de aparcamiento de 12 horas de duración para las personas que trabajan en Sant Jordi.
También se rechazó la moción socialista para la colocación, de nuevo, de reductores de velocidad en la calle es Caló y Cala de Bou. Una petición realizada por un vecino de la zona después de que en una de estas vías atropellaran a su perro y que según los socialistas cuenta con el apoyo de miles de firmas. «Intentaremos poner los menos reductores de velocidad posibles porque destrozan los coches y luego hay que cambiarlos por las quejas de los vecinos por el ruido que hacen. La velocidad no ha sido la causa de los 20 accidentes que ha habido desde la retirada de los reductores de velocidad en estas calles», apuntó el teniente de alcalde Vicent Torres.

El pleno dio ayer el visto bueno a una modificación de crédito con cargo al fondo de contingencia para el incremento del 2 % del salario de los funcionarios y del personal laboral del Ayuntamiento de Sant Josep decretado por el Gobierno para este año, el mismo porcentaje que incrementará el sueldo de los cargos públicos y los cargos de confianza.

El apunte

Vox: «La inmigración ilegal masiva conlleva delincuencia»

Las dos concejalas de Vox en Sant Josep se quedaron solas a la hora de defender «una política migratoria que garantice un control estricto de nuestras fronteras y nuestra seguridad por encima de todo». La regidora Raquel Ripoll se mostró en contra del reparto de menores no acompañados entre comunidades autónomas y tiró del manual de Vox para vincular la llegada de inmigrantes con la delincuencia. «Se trata de parar el efecto llamada. Yo estoy a favor de la inmigración legal y controlada. La inmigración ilegal masiva trae delincuencia masiva, inseguridad y es un negocio para las mafias que se dedican al tráfico de personas. Expande el fundamentalismo islámico, pone en riesgo nuestras vidas y a todas las mujeres, destroza los servicios públicos, arroja los salarios por los suelos y discrimina a los españoles en el acceso a las ayudas sociales. La promueven los socialistas y la derechita cobarde», dijo la concejala de Vox.

El más crítico con la postura de Vox fue el concejal de Ara Eivissa, Josep Antoni Prats. «En esta sala he tenido discusiones durísimas, pero nunca me he sentido con la vergüenza ajena de hoy. Me siento muy incómodo teniendo que discutir cosas que tendrían que ser básicas, de humanidad. Yo con ustedes no encuentro ningún hilo de conexión. Mantienen una posición profundamente racista, de un nivel de demagogia insuperable, porque han comparado el gasto con la enfermedad de la ELA con los menas. Es una posición inhumana e inmoral. El único consuelo que tengo es que, afortunadamente, el PP ha anunciado que votaría en contra. Veo que aún la humanidad predomina en esta sala», señaló el concejal de Ara Eivissa.