La reunión de la Mesa por un Pacto Social y Político para la Sostenibilidad de las Baleares dejó un buen sabor de boca generalizado entre los representantes de las más de cien entidades que asistieron al encuentro. Todos coincidieron en señalar que los residentes han perdido bienestar y calidad de vida, por lo que hay que actuar para preservar los sistemas naturales, adecuar las decisiones a la capacidad del destino y orientar la promoción, entre otras acciones. Muchos incidieron también en la importancia de disponer de datos objetivos a la hora de tomar decisiones. La Mesa formará ahora grupos de trabajo reducidos bajo la dirección de un comité de expertos.
Sin embargo, y por diferentes motivos, importantes patronales pitiusas no acudieron a la presentación. Es el caso de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (FEHIF) que declinó asistir al «preferir una reunión de carácter insular» puesto que la celebrada este miércoles en Mallorca era «demasiado multitudinaria». Fomento de Turismo de Ibiza sí envió a un representante.
Tampoco viajaron a Mallorca responsables de la Pequeña y Mediana Empresa de Ibiza y Formentera, aunque sí consideraron que todas estas iniciativas de diálogo para abordar los problemas actuales de las islas siempre son «bienvenidas». «Era la puesta de largo de una intención, pero no hubo ningún acuerdo ejecutivo y entendemos que las medidas que se puedan derivar deberán sectorizarse y habrá que atacar por un lado la parte medioambiental y, por otro, el tema social y el económico. No podremos opinar todos de todo porque sería una jaula de grillos», comentó el presidente de la patronal, Alfonso Rojo.
Desde el Consell d'Eivissa, el vicepresidente Mariano Juan aclaró que precisamente en la reunión se acordó crear grupos de trabajo concretos según las temáticas «y en todos esos grupos estará representado el Consell, también para que los diagnósticos y las medidas que se aborden correspondan con la realidad de nuestra isla».
«Nosotros queremos tener voz para poder explicar nuestra experiencia en la lucha contra los pisos ilegales y detallar qué medidas se deberían aplicar a nivel autonómico y estatal, pero debemos poner en valor el trabajo hecho desde 2019, que ha significado un importante descenso en el número de plazas turísticas ilegales que se anuncian en plataformas, tal como demuestran los estudios de Exceltur y del INE», consideró Juan.
«Pacto por la calidad»
También reiteró que «se trata de llegar a un pacto por la calidad y no por la cantidad turística» y recordó que Ibiza «ya ha dado señales claras» de cómo ha decrecido en plazas turísticas en los últimos años, algo que se ha producido «de forma natural y sin imposiciones». En este sentido, explicó que en la isla hay ahora hasta 9.000 plazas menos, en parte gracias a las renovaciones y al aumento de categoría de muchos hoteles. El vicepresidente recordó la lucha del Consell contra las viviendas turísticas ilegales, un factor que de manera directa provoca la temida masificación. En este sentido, reiteró que el número de anuncios turísticos ilegales se ha reducido hasta un 49%, extendiéndose además en el nuevo Plan Territorial Insular la prohibición del alquiler turístico a todas las viviendas en suelo rústico.
«Todos estamos de acuerdo en dimensionar el sector y la industria turística para conseguir que sus efectos negativos no tapen los positivos. Se trata de lograr que el residente vea como positivo el turismo», concluyó.
El conseller de Turismo de Formentera, Artal Mayans, celebró que, con la Mesa, se pretende buscar una estrategia común para consensuar decisiones sobre el crecimiento o la limitación del turismo. «Es algo positivo, aunque todavía no se hayan detallado medidas concretas», insistió Mayans, considerando que el hecho de basarse en datos y estudios supondrá «ir por el buen camino» a la hora de llevar a cabo este trabajo.
Entre las intervenciones registradas tras la presentación de Prohens, Juan Calvo, de la Alianza por el Agua de Ibiza y Formentera, reclamó que las medidas a adoptar no sean contrarias a la preservación de los recursos hídricos. «Estamos muy preocupados por el tema de la amnistía en rústico porque puede implicar consolidar consumos de agua subterránea», explicó. El vicepresidente de CAEB en las Pitiusas, José Antonio Roselló, no acudió a la Mesa al hacerlo sus colegas de la patronal en Mallorca, aunque quiso destacar que ellos apoyan la puesta en marcha del Pacto Social «en busca de propuestas valientes y de consenso para la transformación del actual modelo económico».
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