Imagen de la playa de ses Figueretes. | Moisés Copa

El colectivo de socorristas de Ibiza, formado por 15 profesionales, ha dicho basta y se ha sumado al descontento generalizado del resto de estos trabajadores de la isla ante la falta de mejoras salariales y laborales. En este sentido, si hace un par de meses fue el colectivo de socorristas de Sant Josep el que se reunió con el gobierno local, ayer fue el turno de los profesionales que cubren las tres playas de Ibiza -Talamanca, ses Figueretes y un tramo de Platja d'en Bossa- los que se reunieron con el Ayuntamiento de Vila para reclamar estas mejoras tras estar viviendo durante todo el verano «una absoluta situación de precariedad».

Después del encuentro de ayer con el concejal de Medio Ambiente, Jordi Grivé Cardona, y la técnica de Medio Ambiente, Aurora Moreno, el portavoz de este colectivo, Francisco Duque, señaló a Periódico de Ibiza y Formentera que observó durante la reunión una «buena predisposición» por parte del Ayuntamiento para la negociación de las mejoras laborales. «Están analizando la situación junto con la empresa concesionaria del servicio de vigilancia y socorrismo para decidir qué opción es la mejor solución. Nos han dicho que en un plazo de dos días nos llamarían para informarnos», explicó este profesional adelantando que, si ambas partes no se comprometen a trabajar conjuntamente para satisfacer las reivindicaciones de los trabajadores, convocarán una huelga indefinida.

Un ultimátum motivado por las penurias que está viviendo el sector desde hace tiempo. Entre ellas, la falta de aire acondicionado en la caseta de socorrismo en Platja d'en Bossa o la inseguridad que sienten en las playas de Talamanca y ses Figueretes, ya que esto último ha provocado que se hayan tenido que enfrentar esta temporada a situaciones de riesgo mientras se encargaban de salvar vidas. «Nuestro trabajo no se valora. Colaboramos con los agentes para frenar los robos en las playas, sufrimos amenazas y nos enfrentamos continuamente a al turismo de borrachera. Todo eso por sólo 1.060 euros al mes», indicó Francisco Duque.

También señaló preocupado que el alto precio de los alquileres y los bajos sueldos en el sector ahuyentan a muchos de los trabajadores. «Sólo permanecen un mes y luego se van de la isla porque se niegan a trabajar bajo esta precariedad», manifestó mientras señalaba que esto supone una gran inestabilidad en la plantilla.

No obstante, Francisco Duque reconoció que el colectivo es consciente de la complejidad de la situación, puesto que el actual contrato del servicio de vigilancia de playas estará vigente hasta 2024. Es por eso que estos profesionales reclaman, no sólo soluciones a largo plazo, sino también un esfuerzo urgente que permita mejorar la situación esta temporada. Reclamaciones similares a las demandadas hace dos meses por el colectivo de socorristas de Sant Josep que, en su caso, supuso una subida salarial inmediata de 150 euros al mes y la posibilidad de conocer la redacción de los pliegos que regularán la licitación del servicio de socorrismo, que se renovará el próximo año.

«Estos 150 euros fueron otorgados por la empresa concesionaria Marsave. El Ayuntamiento de Sant Josep todavía no ha tomado medidas al respecto, pero sí se comprometió a mejorar la situación en el próximo contrato público de este servicio, que será en 2024», indicó ayer el socorrista de Sant Josep y el portavoz del colectivo, Federico Oberti.

En esta misma línea se mostró el portavoz de los socorristas de Ibiza, quien manifestó que los trabajadores no reclaman un gran sueldo, simplemente un salario digno que les permita vivir en la isla sin la necesidad de tener que compartir habitación con tres personas más. «Simplemente queremos un sueldo que se ajuste a un nivel de vida adecuado. Hemos acordado en la reunión que la cantidad ronde los 1.650 euros brutos», apuntó haciendo hincapié en que, como el servicio de socorrismo está prorrogado, habrá que esperar a que el Ayuntamiento de Vila saque un nuevo concurso la próxima temporada para modificar las condiciones laborales y salariales porque Marsave, la empresa adjudicataria, aplica las condiciones que establece el convenio de empresa y no las del convenio colectivo.