Saucedo ha explicado que esta ayuda es necesaria en un momento en el que, debido a la guerra en Ucrania, los precios se han disparado tanto en productos como en servicios. La formación considera que el Consell podría otorgar esta ayuda en un solo pago y a las familias que tengan ingresos anuales máximos de 40.531,14 euros. Además, ha solicitado que la misma pueda ser prorrogada en 2023.
La propuesta ha sido rechazada por la consellera del área, Carolina Escandell, que ha explicado que, si bien «toda ayuda es poca en estos momentos», este tipo de mecanismos deben ser «suficientes, proporcionados y dirigidos a quienes realmente lo necesitan». Escandell ha recordado que Asuntos Sociales ha pasado de un presupuesto de 18 millones en 2019 a otro de 36 millones en el actual ejercicio. Y, en lo que a ayudas a personas vulnerables se refiere, se ha pasado de un millón de euros a tres. Un dinero que el Consell entrega a los ayuntamientos por considerar que es la administración municipal la que mejor conoce a los destinatarios de estas ayudas. «La ayuda que propone Unidas Podemos», ha lamentado la consellera, «no llegará solo a las personas que realmente lo necesitan por lo que es mejor que lo hagan los ayuntamientos». No obstante, Carolina Escandell ha dejado claro que el Consell tiene la intención de «reforzar» la colaboración con los consistorios para este objetivo.
Escandell, no obstante, ha propuesto a Unidas Podemos reclamar esta ayuda al Govern balear. La misma propuesta ha formulado la consellera no adscrita Marta Díaz, que ha explicado que, si estas ayudas solo se dan en el Consell, se estará incumpliendo el principio de igualdad entre todos los ciudadanos de las Islas. «La moción me parece muy bien», ha dicho Díaz, «pero se tiene que comprometer el Govern con todos los ciudadanos de Baleares para garantizar el principio de igualdad».
Saucedo no ha aceptado las propuestas ni del Gobierno insular ni de la consellera no adscrita. Ha insistido en que ha de ser el Consell el que asuma esta línea de ayudas, observada como un complemento al «escudo social» ya anunciado por el Govern de la socialista Francina Armengol.
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