Juan Gual volverá a declarar ante la juez la próxima semana por el caso. | Jaume Morey

Los primeros testigos de la pieza de Ibiza del ‘caso Puertos' inciden en la misma idea: había un interés político y social porque el Club Náutico mantuviera la concesión, pero no apreciaron que se le beneficiara en el concurso. En la jornada de declaración llevada a cabo ayer ante la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, Martina Mora, comparecieron el exalcalde de Inca, Rafael Torres, que estaba en el consejo de administración de la Autoritat Portuària (APB) y votó a favor de la adjudicación; un capitán de la marina mercante que también compareció en la investigación por el puerto de Maó y que también estaba en el consejo, y una directiva de Puertos del Estado.
Ésta última tenía que responder a preguntas de la juez sobre una llamada telefónica al representante de la institución en el consejo de administración, uno de los críticos con la cúpula de la APB. Éste señaló que la testigo le llamó para ordenarle que votara a favor de la adjudicación del Náutico de Ibiza, algo que ella admitió ayer. Sin embargo, descartó que fuera por presiones políticas, algo que pretendía averiguar la magistrada. La testigo señaló que la institución estaba de acuerdo con la actuación que se llevaba a cabo en Palma y que por eso pidieron a su representante que la ratificara. Éste se negó y dimitió como consecuencia de la orden.

Las testificales seguirán hoy y la próxima semana comparecerán de nuevo los investigados, entre ellos Juan Gual.