El Govern tendrá un plazo máximo de dos años para redactar la nueva orden de carga y descarga del sector del taxi en la isla de Ibiza. Una regulación que depende de la Conselleria autonómica de Movilidad, dirigida por el socialista Josep Marí Ribas Agustinet. Mientras tanto, el sector trabajará con el decreto ley aprobado ayer lunes por el Consell de Govern en Ibiza y acordado «por unanimidad» entre el Consell d'Eivissa y los cinco ayuntamientos de la isla, según explicó la presidenta, Francina Armengol.
Este decreto fue solicitado por el Consell y los ayuntamientos al Govern tras la indicación del Consell Consultiu de que tenía que ser el Ejecutivo autonómico el que redactara la orden de carga y descarga que debe regular al sector. La solicitud se basaba en la necesidad de poder actualizar las tarifas y dar salida a problemas como los surgidos por el GPS en la ciudad de Ibiza. Situaciones cuya solución no podía esperar a la redacción de la orden de carga y descarga. De ahí que el Govern aceptara la redacción del decreto que permitirá, por ejemplo, que el Consell de luz verde a la actualización de los precios de los servicios que cobran los taxistas en Ibiza.
El decreto, además, contempla que cualquier taxista pueda trabajar en cualquier municipio de la isla. Algo que con la regulación hasta ayer vigente no estaba del todo permitido, provocando situaciones en las que un taxista de otro municipio no pudiera coger servicios en uno diferente aun cuando hubiera usuarios esperando en la parada.
Uso del GPS
Armengol explicó que la nueva normativa regula, además, el uso del GPS en toda la isla. Un sistema que, en el caso de Vila, ha provocado enfrentamientos entre el concejal de Movilidad, Aitor Morrás, y el sector por la falta de acuerdo sobre cuestiones como el control del sistema.
Por otro lado, el nuevo decreto ley dotará al Consell d'Eivissa, de «cobertura legal» para la actualización de las tarifas, que se fijan en base a una regulación del año 2012. Fija, además, obligaciones para los taxistas como la de realizar los recorridos «por el itinerario más corto», exponer en un lugar visible del vehículo los precios y no cobrar por el equipaje.
Poco antes de la celebración del Consell de Govern que aprobó este decreto, taxistas del municipio de Sant Josep se manifestaron por las calles de Vila para mostrar su rechazo a la nueva regulación. No aceptan perder la preferencia en paradas clave como la del aeropuerto en favor de los taxistas de otros municipios. Armengol declinó valorar la protesta pero sí dejó claro que «el taxi es un servicio público» y que «ha de prevalecer que quien quiera coger uno pueda hacerlo», independientemente del municipio que haya otorgado la licencia al taxista.
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