—¿Cómo está afectando el retraso en el suministro de materiales a la puesta en marcha de nuevos proyectos?
—Pues afecta mucho, pero no tanto el retraso como el incremento de precios que supone y más a los proyectos que ya están en marcha que a los nuevos proyectos. Esta situación está acelerando la puesta en marcha de los proyectos para así poder cerrar precios antes del incremento de tarifas de cada año, que se va a sumar al aumento de precios actual que va por semanas. Este incremento de precio en las materias primas repercute en todo lo demás. Por poner un ejemplo, el cobre ha subido de precio un 50 % y eso afecta a toda la instalación eléctrica. Los fabricantes están mandando circulares a sus principales compradores con la actualización de tarifas cada dos semanas. Se ha pasado de una validez de los presupuestos de seis meses a dos semanas.
—Entonces, ¿el consejo ahora mismo es poner en marcha cuanto antes una nueva obra que se tenga proyectada?
—Hay quien piensa que todo va a volver a la normalidad, pero creo que cuando se hace una subida es difícil que vuelvan a bajar los precios. La estrategia de algunos inversores es contratar ya y cerrar precios. ¿Qué ocurre? Que para que el constructor pueda garantizar precios tiene que hacer un acopio de material y eso incrementa el desabastecimiento. Se compra el material que hará falta dentro de un año y este no es el ritmo normal de la construcción. Esto también hace que industriales traigan material a la obra cuando todavía no es necesario que ocupe sitio en los almacenes. De repente te encuentras en una obra que traen las carpinterías de aluminio cuando todavía la fábrica no está terminada y no es el momento. Algunos compañeros, en el caso de proyectos importantes, se ven obligados a cambiar unos materiales por otros a los que haya afectado menos la subida de precio para poder hacerse cargo el constructor o el promotor de la subida. Todo depende de si los precios estaban cerrados, pero no todo el mundo ha podido hacer el acopio de material necesario para poder evitar esta subida de precios.
—¿Se están pidiendo mucho estos cambios de materiales?
—El arquitecto se encuentra en medio de esta situación, a quien realmente afecta esto es al constructor y al promotor. Entonces nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, intentamos ayudar a que sea viable un proyecto. Si nos dicen que busquemos un material pues ayudaremos a buscarlo, pero muchas veces es el propio constructor el que ofrece alternativas para no pillarse los dedos.
—¿Cómo estaba evolucionando el año a nivel de proyectos constructivos?
—La estadística la tendremos concluida en enero, pero adelantando un poco hemos podido ver que 2021 está siendo ligeramente superior a 2019. Podríamos decir que en ese sentido hemos superado la pandemia. La tendencia es de crecimiento en cuanto a número de proyectos y en cuanto a presupuesto.
—¿Qué impacto tiene la inversión extranjera en ese crecimiento?
—Este es un dato que es interesante que reflejemos en la estadística de manera separada. Me gustaría ponerlo en marcha en adelante, porque se trata de un dato que podemos recoger dentro del programa de visado. Puedo decir que en el caso de mi propio despacho la mayoría de clientes son extranjeros, aunque también tengo clientes de la isla, pero los que predominan y hacen las inversiones más fuertes son extranjeros.
—¿Algún origen en particular?
—Europeos, no podría concretar más.
—¿Qué perspectivas se manejan en cuanto a nuevos proyectos, teniendo en cuenta la crisis de suministro?
—Para Ibiza son buenas. Hago esta reflexión, en caso de que dejaran de hacerse nuevas inversiones, con todas las licencias que están pendientes de salir de los ayuntamientos tendríamos trabajos para cinco o seis años. Esto valdría para desarrollar proyectos de ejecución y para la construcción. Hay movimiento en Ibiza.
—Es un tema, el de los retrasos de las licencias, que lleva preocupando al sector mucho tiempo, ¿cómo nos encontramos ahora?
—Está peor. Cada vez las esperas son más largas. Hace una semana estuve en una asamblea en Madrid del Consejo Superior de Arquitectos y ya se planteaba la casuística de las Pitiusas como ejemplo extremo de retrasos. Pero se trata de un problema estatal, hay un problema de contratación, existe una ley que limita la incorporación de nuevo personal en los ayuntamientos. Son departamentos dimensionados respecto al nivel de población, pero deberían dimensionarse respecto al nivel de expedientes pendientes de informar. Con todo el beneficio que se saca del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras se podría pagar a todos los técnicos necesarios, pero la ley de contratación impide el cumplimiento de la Ley de Urbanismo de las Illes Balears, que establece unos plazos para resolver las licencias. Por otra parte es algo que no tiene una solución rápida, no es contratar 20 arquitectos aunque la ley me lo permita, es que ese personal necesita una formación compleja.
—¿Qué se dijo de las Pitiusas en esta asamblea en Madrid?
—Tenemos el premio gordo de retrasos de la administración. Comprobé que se trata de un problema a nivel nacional, según lo que expusieron los demás presidentes de demarcación de España, pero los plazos de dos o tres años que tenemos, incluso cinco en caso de algún expediente en rústico, esto sólo ocurre en las Pitiusas. Incluso a nivel de Baleares, Mallorca y Menorca empiezan a tener retrasos importantes pero no llega al nivel de lo que pasa aquí. Somos ejemplo del caso extremo.
—Cuando inició su mandato se planteó alcanzar acuerdos con los ayuntamientos para ayudar a agilizar trámites. ¿Cómo está este proceso?
—Estamos trabajando en ello. Es algo que se quedó un poco parado en el verano porque hubo varios temas que nos absorbieron en la demarcación, pero hemos retomado el tema y nos hemos dado cuenta de que existen aspectos de responsabilidades legales que debemos estudiar. Seguimos apostando por este tema, pero también es verdad que debería la administración también se debe dotar de medios. Si hay una colaboración tiene que se fluida y deben tener el personal adecuado para que al recibir un escrito haya respuesta y que el sistema funcione. Es por ello que entendemos que debe producirse una reorganización desde dentro para que esa colaboración funcione. Sino nos convertiremos en otro tapón.
—¿Qué impacto cree que tendrán los incentivos a rehabilitaciones energéticas que quiere fomentar la Unión Europea?
—Es algo que está por llegar. El Colegio de Arquitectos de Baleares, los colegios de aparejadores y el Colegio de Administradores de Fincas acaban de firmar un acuerdo de colaboración con el Govern para unificar esfuerzos en cuanto a la tramitación de estas ayudas. Es un tema complejo y ahora el Govern debe desarrollar el decreto para la tramitación de estas ayudas. Es un tema interesante, porque llegarán unos 28 millones de euros a Baleares para destinar a la rehabilitación energética de viviendas. Hay un aspecto a tener en cuenta y es que el reparto a nivel estatal no es fijo, los que más repartan subvenciones más fondos recibirán. Se beneficiará a los lugares de España en los que la rueda de las subvenciones funcione más rápido.
—¿Qué opinión le merece este método?
—Es interesante, pero también hay que tener en cuenta que si llegan 3.000 euros para remodelar una vivienda en Andalucía, hará muchas más cosas que lo que podría hacer un residente balear. Habría que ajustar estas ayudas en función del territorio. Pero al margen de esto serán ayudas para una inversión muy interesante, ya no sólo por el ahorro energético y económico que suponen, sino para cumplir con los compromisos de descarbonización que tiene Europa. En España se están rehabilitando energéticamente unas 30.000 viviendas cuando deberían ser 300.000 para ir a un ritmo adecuado. Desde el Colegio se quiere fomentar todo este tema de subvenciones y es posible que se organicen oficinas en las sedes colegiales donde puedan tramitarse estas subvenciones a través de técnicos y arquitectos, porque parece que va a ser un procedimiento complejo.
—¿El retraso en las licencias cree que afectará a la posibilidad de recibir más fondos?
—Ese es otro aspecto a tener en cuenta, las subvenciones se cobran una vez se ejecutan las obras en un tiempo determinado. A la hora de pedir una licencia habrá que esperar a que la den en tiempo para que no se pierda este dinero. Entiendo que la administración tendrá que poner una cola rápida para este tema o mantener el régimen de declaraciones responsables que termina el 31 de diciembre de forma que se pueda poner en marcha esta medida de incentivos.
2 comentarios
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Una solución lógica sería q los proyectos visados del COAIB, con un sello de control q se ajustan a la normativa urbanística vigente , pasaran directamente a informe jurídico del Ayuntamiento y de esta manera se agiliza todo el proceso. ? Si no para q sirve el control de visado urbanístico del colegio de arquitectos?. Otra solución es firmar un convenio de colaboración con los ayuntamientos de manera q desde el Colegio de Arquitectosy Aparejadores pongan a disposición a un equipo de 5 o 6 profesionales q certifiquen q los proyectos visados cumplen con la normativa aplicable y tienen toda la documentación completa así de esta forma no necesitaría volver a pasar el control del departamento de obras del Ayuntamiento. ? Porque no se hace ?. Por incapacidad de gestión de los políticos municipales .