Los apartamentos Don Pepe, vistos desde la Infraestructura de Datos Espaciales de las Islas Baleares (IDEIB).

El Consejo de Ministros puede legalizar, de manera «excepcional» y por «razones de utilidad pública debidamente acreditadas» el edificio de los apartamentos Don Pepe que el Ayuntamiento de Sant Josep considera que se construyó sin licencia al no haberla encontrado en sus archivos.

Así se desprende de una consulta realizada en septiembre de 2020 por el entonces concejal de Urbanismo josepí y ahora alcalde, Ángel Luis Guerrero, a la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio del Govern balear sobre «la legalidad de las edificaciones Cantos Rodados y sobre la posibilidad de conceder licencias sobre las mismas».

Anteriores a la Ley de Costas
El informe, que obra en poder de este periódico, señala, a lo largo de 10 páginas, que las edificaciones correspondientes a los apartamentos Don Pepe aparecen por primera vez en la fotografía aérea de la Infraestructura de Datos Espaciales de las Islas Baleares (IDEIB) en 1984, «por tanto son preexistentes a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas». Esto supone que la regulación de las actuaciones admisibles en este tipo de edificaciones se encuentra «en la disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas y en la disposición transitoria decimotercera y siguientes del Reglamento general de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre».

Estas disposiciones contemplan, según detalló la Conselleria de Territorio en su escrito, dos situaciones dependiendo de si las construcciones son legales o ilegales. En el caso de la construcción amparada en la licencia, el bloque B, las obras que se podrían llevar a cabo en zona de servidumbre de protección «son obras de reparación y mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes», teniendo en cuenta que en caso de demolición total o parcial «las nuevas construcciones se tendrían que ajustar íntegramente a las disposiciones de la Ley de Costas», por lo que no podrían albergar el uso residencial.

Estas obras se podrían realizar mediante la figura de la declaración responsable, que se tendría que presentar ante la Dirección General de Territorio y Paisaje de la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio.

En lo referente al edificio que según el Consistorio no tiene licencia, el bloque A, «no se podría realizar ninguna obra en la servidumbre de protección al amparo de la declaración responsable contemplada en la disposición transitoria decimocuarta, sino que se tendría que tramitar un procedimiento de legalización» de conformidad con lo que prevé la disposición transitoria decimotercera, apartado tercero del Reglamento de Costas al tratarse de una edificación construida sin licencia, situada en parte en la franja comprendida entre los 20 y los 100 metros de la zona de servidumbre de protección». En este caso «la competencia resolutoria recaería en el Ayuntamiento y se tendría que tramitar de conformidad con la legislación urbanística».

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Declaración responsable
El informe elaborado a petición del entonces concejal de Urbanismo, Ángel Luis Guerrero, concluye que en caso de que el Consejo de Ministros otorgase finalmente la licencia al bloque de viviendas que según el Consistorio carece de ella «cualquier obra que se quisiese realizar posteriormente en la parte de los apartamentos que se encuentra en la zona de servidumbre de protección de Costas estaría sujeta al régimen de declaración responsable previsto en la disposición transitoria cuarta, apartado c de la ley y concordantes de su Reglamento».

Entregan un manifiesto a la Casa Real
Los vecinos de los apartamentos Don Pepe trataron este viernes de dar más visibilidad a su drama humano con la visita de la Reina Doña Sofía a la ciudad de Ibiza para acudir a un concierto en Dalt Vila.

Un grupo de afectados trató de entregar un manifiesto en mano a Doña Sofía, en el que reclaman una solución urgente a su situación y exponen la odisea que han tenido que sufrir hasta el día de hoy, pero dada la seguridad del evento no pudieron acceder a las inmediaciones de la iglesia de Santo Domingo, que se encontraba acordonada.

Lo que sí que lograron es entregar dicho manifiesto reivindicativo al jefe de seguridad de la Casa Real, que se comprometió a hacérselo llegar a la Reina emérita.

Los afectados han sido siempre muy activos a la hora de dar a conocer su problemática a la sociedad. Tanto es así que, en ocasiones, consiguieron llevar su lucha a los medios de comunicación nacionales, logrando de esta forma algunos minutos para exponer su causa en diversas cadenas de televisión.

Asimismo, en el último año han venido haciendo una gran labor de calle, que llegó a traducirse en la recogida de más de 6.500 firmas en apoyo a su causa únicamente en la isla de Ibiza.

Una cifra más elevada si se cuentan las que registraron en el resto del país y que no se incluyeron en el dosier que se entregó tanto al Ayuntamiento de Sant Josep como al Consell d'Eivissa, que fueron algo más de un millar de rúbricas