Un instante de una de las protestas por la situación de los vecinos de los Don Pepe. | Irene Mus

Los vecinos de los apartamentos Don Pepe deberán abandonar sus viviendas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears (TSJIB) publicara, la semana pasada, un auto en el que permite al Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia el desalojo de las viviendas situadas en las escaleras 1 y 2 del bloque A del edificio Cantos Rodados.

Por tanto, los habitantes deberán abandonar el inmueble salvo que, en el plazo de un mes, interpongan un recurso de casación.

Cabe recordar que, el día 5 de noviembre del año pasado, este tribunal denegó la medida cautelar de suspensión del desalojo solicitada por el Ayuntamiento de Sant Josep a no ser que el Consistorio los alojara en un lugar donde poder residir temporalmente. Esta medida fue justificada por la «situación traumática» por las que estos ciudadanos podían estar pasando debido a la época de pandemia y los dos estados de alarma decretados por el Gobierno central durante ese tiempo.

Dicho auto, que no permitía el derecho al realojo, tan sólo supeditaba el desalojo a «la necesidad de un lugar donde permanecer y vivir a esas personas que se enfrentan a una dura situación en época de pandemia».

Distintas circunstancias
Actualmente, la Sala considera que las circunstancias de la pandemia no son las mismas que el pasado mes de noviembre. De igual forma, los magistrados creen que «ha transcurrido tiempo suficiente para que aquellas personas hayan podido buscar y encontrar una solución a la situación creada por el desalojo».

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Según el Ayuntamiento de la localidad, en su momento no se dejó a nadie en la calle, lo que, a tenor del auto judicial, ocasionó «cuantiosos gastos» al Consistorio, al tener que alojar a estas personas provisionalmente en apartamentos turísticos. «Esta manifestación está debidamente justificada documentalmente», asegura la máxima institución judicial en Baleares.

En resumen, el Tribunal decidió dejar sin efecto el auto de hace un año por «haber sido correctamente atendidas esas personas temporalmente y a cargo del Consistorio, como se ha acreditado, haber transcurrido tiempo suficiente para que aquéllas hayan tenido tiempo de reaccionar y haber mejorado notablemente la situación de pandemia».

Enmienda
La ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo en las Illes Balears impide la rehabilitación del edificio. Frente a ello, el Partido Popular (PP) ya presentó una enmienda contra la ley de vivienda balear que permitiría una solución al problema concreto de este inmueble.

En este sentido, hace unos días, el presidente de los populares en Sant Josep, Javier Marí, criticó la «incapacidad» de PSOE y Podemos para buscar una salida para Don Pepe y les acusó de «provocar que, de la noche a la mañana, 100 personas del municipio se queden sin hogar por una decisión exclusivamente política», en referencia a que ninguno de ellos hubiera apoyado una modificación legislativa que sí se ha realizado en otros lugares de España, como Cataluña, sin mayor perjuicio.

En realidad, tan sólo se trataría de que, si se hubiera de rehabilitar un edificio, fueran los vecinos quienes costearan la obra si así quisieran. De esa manera, no se verían forzados a abandonar su hogar a no ser que fueran ellos quienes lo decidieran. Sin embargo, los grupos de la izquierda se han mostrado inflexibles por el momento con esa posibilidad.

En otras ocasiones, el PP y el PSOE sí se pusieron de acuerdo en el Parlament y votaron juntos a la hora de establecer excepciones, tal como se hizo con propiedades de Abel Matutes en Platja d'en Bossa o con el tenista Rafa Nadal, quien construyó una academia y un hotel en Manacor sin estar claros los procedimientos urbanísticos.