Guerrero dio estas explicaciones en respuesta a una pregunta del concejal de Ciudadanos, Daniel Becerra, respecto a qué pensaba hacer el Ayuntamiento con los apartamentos Don Pepe. El alcalde manifestó en abril que el Consistorio había tomado una decisión, pero primero debía comunicarlo a los vecinos.
Guerrero explicó que el pasado martes hizo entrega al abogado de la comunidad de vecinos de la propuesta de esponjamiento del edificio al «no ver otra salida». «Técnicamente es imposible, no vemos cómo dar licencia, no lo hemos visto nunca, no lo ve el Govern y no lo ve el Consell», señaló.
«Hemos hecho una valoración de lo que podría costar aquel edificio para hacer un esponjamiento medioambiental y esta la propuesta que se les ha trasladado. El abogado hablará con los representantes de los propietarios para hablar con las personas que tienen viviendas en los Don Pepe», indicó.
Respecto al edificio B, el alcalde explicó que se tendrá que preparar un proyecto en las zonas que son legales para hacer algún tipo de obra. Esa propuesta se deberá estudiar tanto por los servicios jurídicos como por los servicios técnicos del Consistorio.
En el Ayuntamiento consta la licencia del edificio B de los apartamentos Don Pepe, pero no la del edificio A, lo que convierte a este último en una construcción fuera de ordenación en la que no se podrían autorizar obras.
Propuesta en estudio
Desde la representación de la comunidad de vecinos indicaron que todavía se está estudiando la propuesta del Ayuntamiento, pero que a priori se habría fijado una estimación económica insuficiente, aunque señalaron que deben evaluarla en detalle y trasladarla a los vecinos.
Se mostraron molestos con la actuación del alcalde, que pidió discreción respecto a este tema pero informó públicamente de la propuesta antes de que fuera comunicada a los vecinos porque todavía se estaba preparando la reunión.
Los vecinos de las escaleras 1 y 2 del bloque A de los apartamentos Don Pepe fueron desalojados de sus casas en junio del año pasado por el Consistorio que les reubicó unos meses en apartamentos turísticos. El desalojo fue declarado por el «riesgo inminente para la seguridad de las personas» que suponía el estado del edificio. Una decisión que fue recurrida por los vecinos en un procedimiento contencioso administrativo que sigue en curso. El juez que sigue el procedimiento dictó un auto que obligaba al Consistorio a buscar un alojamiento a los vecinos desalojados que no se llegó a ejecutar. En el edificio viven familias en las viviendas de las escaleras 3 a 5.
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