Terrazas abiertas sin restricciones horarias y mesas de 10 personas, toque de queda a medianoche y los interiores abiertos con aforo muy limitado. Esas son las medidas que establecía el semáforo covid que aprobó el Govern el año pasado para el nivel 2, actual situación de Ibiza, y es lo que el Pleno del Consell d'Eivissa instó ayer al Govern que aplique en la isla.
La moción, a la que votaron en contra Unidas Podemos y el PSOE, fue planteada por la consellera no adscrita, Marta Díaz, que aceptó una transacción del equipo de gobierno del Consell. La medida tiene un carácter más político que práctico, teniendo en cuenta que el estado de alarma finaliza el domingo de la semana que viene, 9 de mayo.
Díaz puso sobre la mesa que los datos epidemiológicos de Ibiza son mejores que los de Menorca y a pesar de ello en la pitiusa mayor se apliquen unas medidas mucho más restrictivas.
La consellera no sólo planteó el problema que suponen los horarios establecidos para los negocios hosteleros, sino también para los empleados de banca o los funcionarios, dado que salen a las 15:30 «y no pueden plantearse ir a comer fuera cuando se debe recoger la terraza a las 16:30 para cerrar a las 17:00 horas».
El portavoz del PP, Mariano Juan, consideró que las medidas «unilaterales» que el Govern balear ha ido tomando son «discriminatorias, arbitrarias e insensibles con los trabajadores de la isla».
Recordó que la propia presidenta del Govern dijo que el semáforo era «el marco estable que nos permitirá vivir la COVID con certezas y estabilidad». Una certeza que se obvia con «justificaciones nuevas cada vez» para fijar medidas «arbitrarias» en Ibiza.
Tanto PSOE como Unidas Podemos criticaron la deslealtad institucional que consideran que implica la moción.
El conseller socialista Víctor Torres recordó que «si la situación sanitaria de Ibiza es buena, es gracias al sacrificio y al esfuerzo del conjunto de la ciudadanía y a unas medidas que han funcionado», y exigió que se mantenga la confianza en las personas que han decidido estas medidas.
Desde Podemos, su portavoz, Antonio Saucedo, defendió también las medidas actuales, que se han tomado «mediante criterios técnicos» y consideró un error por parte de las instituciones ponerlas en cuestión. Recordó la gran dependencia que tiene la isla del turismo y la necesidad de ser muy cautos para permitir que exista temporada.
Ayudas COVID
Por otra parte el Pleno aprobó por unanimidad poner en marcha con «urgencia» la convocatoria de las ayudas a personas vulnerables afectadas por la crisis provocada por la COVID. La moción fue presentada por el Grupo PSOE que aceptó una transaccional planteada por el equipo de gobierno.
El conseller socialista Vicent Torres, criticó el retraso en la tramitación de las ayudas convocadas en 2020 tras seis meses desde el inicio de su tramitación. «Actualmente están fuera de plazo y cerca de mil personas siguen esperando las ayudas», recordó. En total, el Consell ha otorgado 49 ayudas (30 a mujeres víctimas de violencia, 16 a personas con discapacidad y 3 a familias de acogida de menores), pero todavía quedan por resolver las 967 solicitudes correspondientes a la modalidad de personas y familias vulnerables.
Valoró que la anterior convocatoria de ayudas se tramitó demasiado tarde y puso sobre la mesa otros problemas del proceso de solicitud como las largas colas que se formaron a la hora de tramitarlas con la exposición pública que ello supuso.
Acusó a la consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell, de falta de autocrítica en este proceso y pidió al Consell que «rectifique».
La consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell, pidió al PSOE que no semonopolio de una preocupación que tienen todos los grupos políticos del Consell.
Por otra parte consideró que sí se había hecho autocrítica en más de una ocasión. «Claro que nos hubiera gustado ser más ágiles y que la tramitación fuese más sencilla, pero quiero poner en valor que es una línea de ayudas novedosa, por lo que en estas situaciones a veces toca afinar los trámites».
Justificó que las ayudas salieran en el mes de octubre por la suspensión de plazos administrativos que supuso el estado de alarma.
Defendió la acción del Consell como «valiente» al poner en marcha una línea de ayudas de tramitación «compleja», conociendo precisamente esa complejidad y los posibles problemas que plantearía.
La moción implica también redefinir los mecanismos para la concesión de ayudas sociales con el fin de agilizar al máximo su tramitación y concesión.
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