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La oferta de la empresa Servicios Marítimos Ports d'Eivissa (SEMAR) para hacerse con la concesión del puerto deportivo Marina Ibiza «no era la más adecuada y debía tener una puntuación mínima». Así se desprende de la declaración realizada como testigo por el jefe de división del departamento de explotación de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) desde el año 1997, Mariano Carlos Sánchez Siguero, ante el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, el 19 de octubre de 2010.

El propio Sánchez Siguero, José Fernando Berenguer, jefe del departamento de explotación de la APB desde 1995, Ángel Matías, director de la APB y Justo Aguado, asesor de este último, componían la comisión técnica que debía valorar las ofertas presentadas para hacerse con la concesión del puerto deportivo Marina Ibiza.

Informe externo

Sánchez Siguero relató que, por motivos que desconoce, Ángel Matías decidió solicitar un informe a una empresa externa para que valorase cuál era la mejor oferta para la explotación de Marina Ibiza. «En base al informe emitido por la empresa Ligros», explicó al fiscal, «se empiezan a analizar las diversas propuestas, a pesar de que habían transcurrido dos años» desde que se inició el proceso del concurso.

Aunque el informe de la sociedad Ligros no resultaba vinculante, en la conclusión final detallaba que «se debe remarcar de nuevo que este licitador (en referencia a SEMAR) ha aumentado de manera ilícita el presupuesto de ejecución, como se ha podido apreciar a lo largo de este análisis. Se considera éste un hecho grave, ya que vulnera la igualdad de oportunidades del resto de concursantes».

Finalmente, según detalló Sánchez Siguero, «la comisión técnica detectó un error en la valoración final de Ligros de un 8%, por lo que Ángel Matías y Justo Aguado desecharon la valoración del proyecto».

En este punto, el jefe de división del departamento de explotación declaró que tanto él como José Fernando Berenguer, manifestaron su desacuerdo en que el proyecto presentado por SEMAR no era el más adecuado y debía tener una puntuación mínima «si bien el señor Aguado, aduciendo que era un ‘error nimio', impuso la valoración a la sociedad SEMAR como el mejor proyecto».

En octubre de 2008, cuatro años después del inicio del concurso público, la comisión técnica seguía sin alcanzar un acuerdo y sus integrantes fueron convocados por el presidente del ente portuario, Francesc Triay, quien les indicó que, en caso de dudas, había que contar con la sociedad que ofreciese «mejor oferta de mejora de canon de tasa y mejor oferta respecto a las tarifas base».

Con este criterio, sin embargo, seguía habiendo desacuerdo por lo que «finalmente, y siguiendo el criterio del presidente Francesc Triay, en contra de lo que se venía haciendo hasta la fecha, el resultado final fue la mejor valoración de la sociedad SEMAR».

Tanto Sánchez Siguero como Berenguer mostraron su disconformidad ante el cambio de criterios adoptados en cuanto al sistema de valoración ya que «si no hubiesen cambiado los criterios interpretativos, la sociedad SEMAR no habría sido la mejor valorada».

Según declaró Sánchez Siguero ante el fiscal anticorrupción, a raíz de las discrepancias en este caso tanto él como Berenguer fueron excluidos de las siguientes comisiones técnicas a propuesta de Ángel Matías.

Mariano Carlos Sánchez Siguero manifestó a su vez ante el fiscal su extrañeza por el hecho de que Justo Aguado hiciera sólo valoraciones sobre seis empresas, cuando eran 14 las que se presentaron al concurso público.

Por su parte José Fernando Berenguer, durante su declaración también como testigo ante el fiscal anticorrupción de Baleares, reconoció las discrepancias en el seno de la comisión técnica a la hora de valorar las distintas ofertas presentadas y aseguró que para él la empresa SEMAR no era la más puntuada. Ambas declaraciones están incluidas en la causa del caso Mar Blau.

Plaza rechaza hacer valoraciones sobre su destitución

El todavía director de Autoridad Portuaria, Juan Carlos Plaza, rechazó este sábado hacer cualquier tipo de valoración ante la información de que el próximo martes el presidente del organismo portuario, Francesc Antich, había convocado al Consejo de Administración para votar su destitución.

Aunque todavía no han trascendido de manera oficial los motivos de esta destitución, fuentes consultadas por este periódico coinciden en destacar que se trata de una decisión encaminada a romper vínculos con las anteriores etapas del organismo.

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