Ayer por la mañana se presentó en el Hospital Can Misses de Ibiza la nueva Plataforma por la igualdad de los Servicios Públicos (Unisep). Es la primera vez que a nivel balear se agrupan bajo una misma plataforma representantes de la Unión Sindical y Técnicos Sanitarios (USAE), el Sindicato de Enfermería de las Illes Balears (Satse), el Sindicato Médico de Balears (Simebal), la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el Sindicato independiente del profesorado de la enseñanza pública (ANPE), el sindicato mayoritario de la Policía Nacional Jupol y el sindicato de representantes de la Guardia Civil (Jucil). Y todos ellos piden, fundamentalmente, la equiparación de la indemnización por residencia que ya se aplica en las Islas Canarias y, en casos como el de la sanidad, en Ceuta y Melilla.
La nueva plataforma nace, según informaron sus representantes en una nota de prensa, «de forma apolítica y con la vocación de servicio al ciudadano que caracteriza a los trabajadores a los que representan».
En total, en Ibiza y Formentera agrupa a 2.000 profesionales del sector de la Sanidad, 1.100 representantes de la Administración General del Estado y Justicia, en los que están incluidos todo el personal dependiente de la administración central, y unos 2.025 del sector educativo. En total, en Baleares hay más de 52.000 funcionarios representados.
Según explicó ayer Miguel Lázaro, presidente del sindicato médico Simebal, «la intención es que no haya ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría según los servicios públicos que reciben como sucede ahora en Baleares». Algo que pasa, según sus palabras, «por captar y fidelizar profesionales de todos los ámbitos de la administración y evitar fugas masivas hacia otros lugares de España».
Lázaro aseguró que esto solo se puede conseguir «actualizando y equiparando la indemnización por residencia» y por ello aseguró que si no consiguen sus reivindicaciones o no se les tiene en cuenta «no descartan movilizaciones en distintos lugares de Balears». De momento, según sus estimaciones, harían falta 180 millones de euros del Estado para conseguir el objetivo.
En este sentido, el presidente del Simebal recordó que en Ibiza y Formentera la pandemia del coronavirus ha dejado al descubierto, entre otras cosas, «que hacen faltan una amplia cantidad de personal sanitario». Además, aseguró que la asistencia y las listas de espera en Atención Primaria «sean como tocan», que haya «déficit de especialidades en radiología o anestesia», que «130 médicos no homologados estén trabajando en Atención Primaria en Baleares», «que la lista de espera para ser atendido por tu médico de cabecera sea de siete o diez días» o que cada médico de Atención Primaria «tenga que atender 2000 tarjetas sanitarias cuando la media nacional está en 1.400».
Policía Nacional y Guardia Civil
Mientras, parece que la situación tampoco está mucho mejor entre la Policía Nacional o la Guardia Civil.
Tomás Quesada, representante de Jucil, aseguró ayer durante la presentación de la nueva plataforma que hacen falta más de 340 guardias civiles en las cuatro islas y que actualmente en Sant Antoni, «que siempre fue el buque insignia del cuerpo en Baleares, si ahora mismo comenzara la temporada turística no se podrían cubrir todos los servicios».
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