Vicent Roig Tur: «En 2022 se aplicará el aumento en el recibo de basuras de forma gradual»

—¿Cree realmente que podremos llegar a 2030 con la hoja de ruta para la transición a las energías limpias de Ibiza cumplida?
—Creo que sí, si sabemos hacer el trabajo y seguimos la hoja de ruta, que para eso se ha creado. Además, no tenemos otra alternativa y tenemos cosas adelantadas para poder llegar. Por otra parte, tenemos una gran ventaja en Ibiza, que es el cable que nos une a Mallorca y a la Península. Ahora mismo llega a puntas de suministrarnos casi el 60% de la energía que necesitamos. Estamos hablando de que generar entre 70 y 100 Mw en la isla mediante energías renovables ya nos iría bastante bien. La transición tiene que ser posible. Que en vez de 2030 puede que lleguemos a 2031 o 2032, podría ser. Pero lo que es cierto es que estamos encaminados. Tenemos datos, que no los teníamos antes, con todos los estudios que se han hecho para esta hoja de ruta. Son estudios y datos de 2018, aunque ya se ha hecho bastante trabajo para actualizarlos a 2019 y 2020.

—¿Qué proyectos tiene el Consell en marcha para fomentar estas energías limpias?
—Desde luego la hoja de ruta ya es una ayuda y una orientación para poner en marcha las energías renovables. Además, existe la posibilidad de llevar a cabo actuaciones a través del Pacto de Alcaldes, una figura europea que supone que los municipios deben implicarse. Una de las primeras actuaciones que se debe poner en marcha es la creación de un gestor energético. El Consell no tiene competencias en Energía, pero a través de un convenio con la dirección general de Energía haremos de puente y coordinador entre administraciones, privados y Govern. No se creará una Oficina de Energía tal cual, pero sí se quiere crear un interlocutor directo en materia de energía en Ibiza. El gestor energético ayudará tanto a los ayuntamientos en materia de transición y dará asesoramiento a las personas y empresas que lo soliciten. El trabajo, sobre todo, debe ser el de fomentar la implicación del ciudadano, facilitarle los procedimientos y ayudarle a tramitar subvenciones. Con las subvenciones actuales se puede llegar a amortizar una instalación fotovoltaica en dos o tres años, mientras que la vida útil llega a los 10 años.

—La hoja de ruta también habla de actuaciones directas en infraestructuras públicas, es decir, la instalación de placas solares. ¿Qué se ha hecho y qué se prevé hacer?
—Ahora mismo hemos hecho una instalación de 113 paneles solares en la sede del Consell, otros 87 en la ITV, tenemos el proyecto de instalar en torno a 30.000 m² en Ca na Putxa. Esto último supondría que entre las placas y la biometanización se generara casi 4 Mw, una cantidad de energía importante. Otra de las actuaciones es el cambio de los sistemas de iluminación en las instalaciones del Consell, como pueden ser instalaciones deportivas, el Recinto Ferial o el Hipódromo. Las administraciones debemos ser ejemplo y colaboramos con los ayuntamientos también para que puedan emprender este tipo de actuaciones.

—También se habla en la hoja de ruta de estas pérgolas solares que deben cubrir los aparcamientos de grandes dimensiones. ¿Cuáles son las actuaciones más inmediatas previstas?
—En el aparcamiento de Sa Joveria, por ejemplo, es una actuación que tenemos que llevar a cabo. Tanto por ejemplo como porque nos obliga la ley. En este aparcamiento podría llegarse a producir cerca de un Mw. Luego estamos trabajando en el aparcamiento de Sa Coma, una zona con 400 plazas de coche y 70 de moto para dar este espacio al futuro parque de servicio. Todo irá cubierto con pérgolas fotovoltaicas.

—Uno de los pilares es el transporte de entrada y salida de la isla. ¿La idea del epígrafe fue en algún momento reducir las conexiones de transportes como el barco o el avión?
—No, ni mucho menos. Es un tema que va más orientado a aspectos como el consumo de producto local. Todo lo que consumamos en Ibiza reduce nuestra huella de CO2. El transporte de lodos de las depuradoras a partir de enero se dejará de hacer a la Península y se gestionará en Ibiza; eso también reducirá mucho. Los envases, todo aquellos que va al contenedor amarillo, se empezará a llevar a Ca na Putxa. Son aspectos como, por ejemplo, el consumo de agua. Si pudiéramos consumir agua del grifo no consumiríamos tanta agua embotellada. Con eso también reducimos la huella de CO2 y vamos subiendo escalones para cumplir con los objetivos de transición energética. Uno de los parámetros más importantes es la huella de CO2 y el consumo de energía. El transporte de cualquier producto supone un consumo de energía, por lo tanto, todo lo que sea ahorrar transporte de mercancías ahorra energía y CO2, por tanto nos ayuda acumplir con la agenda 2030 y con la hoja de ruta.

—Hablando de agua, ¿para cuando una hoja de ruta para mejorar el ciclo del agua en Ibiza?
—Es uno de los puntos más importantes que tiene sobre la mesa la conselleria de Medio Ambiente. En este aspecto, no es una hoja de ruta, pero ya se está llevando a cabo una planificación muy importante. Ahora mismo, con el inicio de las ayudas del Fondo de Resiliencia, se trabajará mucho en gestión de agua para alcanzar el objetivo final: la reutilización de las aguas depuradas. Dentro de estos planes de mejora se trabajará en la renovación de las depuradoras. Me consta que se ha solicitado financiación para bastantes proyectos en depuradoras y emisarios. Esto es importante tenerlo en cuenta. Dentro de la agenda 2030, uno de los objetivos es el cumplimiento en el vertido de aguas al mar.

—Hay un déficit muy grande en el cumplimiento de vertidos de las depuradoras. ¿El plan implica que todas cumplan?
—El objetivo es llegar a unos niveles aceptables y óptimos para que no afecten estos vertidos al mar ni a la posidonia. Tengamos en cuenta que los emisarios vierten un agua que en muchos casos provoca daños a la posidonia. Es muy importante tener en cuenta que este objetivo es triple: poder utilizar el agua, tener una gestión aceptable y conservar el medio marino.

—¿En qué punto está la cesión de la gestión de las depuradoras de Ibiza al Consell?
—Dentro de este traspaso de la gestión hídrica, que es uno de nuestras peticiones más firmes desde el inicio de legislatura, nosotros proponíamos empezar por la limpieza y mantenimiento de torrentes. Nosotros no renunciamos a una gestión de las depuradoras, pero antes tienen que estar en condiciones, tiene que haber una dotación adecuada. Las conversaciones que se han mantenido con Presidencia y Medio Ambiente han ido siempre en esta línea. Queremos ir de forma progresiva y no lanzarnos a algo tan grande y complejo como la gestión de las depuradoras. Con esto lo que decimos es que es necesario tener una auditoría previa del sistema de depuración.

—La planta de triaje de Ca na Putxa pronto se pondrá en marcha, pero a ese vertedero le queda poco tiempo de vida. ¿Qué planes hay?
—De momento tenemos garantizada la vida útil del vertedero durante el plazo de duración del plan de residuos que aprobamos hace algunos meses. En ese Plan Director de Gestión de Residuos se indicaba que teníamos garantizada la gestión y el vertedero durante seis años. Uno de los reparos que nos puso a este plan la Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears (CMAIB) fue precisamente que en 18 meses necesitaban una alternativa al vertedero. Precisamente, se aprobó el plan porque iniciamos tres meses antes en la licitación de un estudio de las alternativas. Ahí se indicará la alternativa para la gestión del resto (aquello no reciclable) se aplicará cuando finalice su vida útil.

—Pero, ¿en qué punto está la búsqueda de esta alternativa? Seis años no es mucho tiempo.
—El lunes firmamos el contrato con la empresa que redactará este estudio de alternativas. Dentro de un año y medio tendremos sobre la mesa un documento que nos dirá qué alternativas tenemos para la gestión del resto. A lo mejor se puede considerar un replanteamiento de Ca na Putxa, hacer una gestión diferente de la propia planta. Hay algunas empresas que nos han planteado alternativas de maquinaria para lo que ellos llaman combustión, que no deja de ser incineración de la basura. Son alternativas que se estudiarán por parte de la empresa, experta en gestión de residuos y con ello se decidirá.

—¿Hablamos de soluciones a medio o a largo plazo?
—Debemos valorar todas las opciones. El contrato de gestión con el vertedero es hasta 2032. La alternativa supondría una modificación de todo el contrato, por lo que será un tema complejo. Esa alternativa nos debe decir qué hacer para que a partir de 2027 tengamos garantías para gestionar el resto.

—¿Qué argumentos le daría al ciudadano para ser más responsable en el reciclaje?
—Uno sería el económico. El nivel de responsabilidad de la ciudadanía podría afectar, en un momento dado, en el recibo de basuras. Ahora mismo el Consell, si no tuviera previsto aportar más de 4 millones de euros para los ayuntamientos, el recibo de basura aumentaría hasta un 50% o 60%.

—Ese aumento ¿se producirá en 2022?
—En principio, si en 2022 mejora la situación económica, se aplicaría un aumento. No tan radical, pero de una forma gradual. El Consell estará del lado del ciudadano y de los Ayuntamientos y probablemente se siga aportando a los ayuntamientos. Pero esto es como el soterramiento de cables o el cambio de tuberías. Son cosas que no se ven, pero que existen y cuestan mucho dinero. Ahora mismo, la gestión de residuos tiene un coste anual de entre 4 y 5 millones de euros. A partir de que se ponga en marcha la planta de triaje, que hay que pagar, la gestión de residuos rozará los 9 millones de euros. Son 43 millones de euros lo que ha costado la planta, que habrá que amortizar. Claro, esto se tiene que pagar. El contenedor gris será el que más penalice en Ca na Putxa.

—¿A qué se refiere con penalizar?
—Si el ciudadano separa correctamente este 40 o 50% de los residuos reciclables, se limita en cierta medida el recibo de basuras en concepto de tratamiento. Plástico, vidrio y papel, cuando está bien separado, no supone un gasto a las administraciones. De lo orgánico sí se pagará algo porque la gestión es local, pero todo lo que llega a través del contenedor gris tiene un coste que pasa al recibo de basuras. El ciudadano debe hacer las cosas bien para que el recibo de basuras el año siguiente no sea tan elevado. Cuanto más reciclemos, menos pagaremos. Debe ser consciente de que generar residuos tiene un coste, no sólo medioambiental sino económico.

—¿Cuándo se pondrá en marcha el reciclaje de orgánico?
—Algunos ayuntamientos pondrán en marcha la recogida a grandes productores, otros lo pondrán en marcha en el primer trimestre de 2021. En febrero debe estar implantado para todos y deben estar instalados los contenedores marrones.

—¿Cómo están las gestiones para que el Govern pague el 30% de las instalaciones de gestión de residuos?
—Se ha tratado con la presidenta y con el conseller de Medio Ambiento. Debo decir que por parte de Medio Ambiente hay mejor predisposición que por parte de la presidencia del Govern. Tanto el conseller como el director general de Residuos se han mostrado siempre abiertos a tratar el tema. Vamos a cantidades máximas, todo se puede negociar. Tampoco decimos que se tenga que hacer en un pago, se puede hacer a cinco o 10 años. Sabemos que la Comunidad Autónoma no pasa su mejor momento a nivel económico. Con la conselleria hay un feedback muy positivo, se nos ha dado mucha ayuda para la redacción del Plan Director en materia de las autorizaciones sectoriales, esto se tiene que valorar. En el Consell de Alcaldes se aprobó un texto para reclamar este 30% que irá con el apoyo de seis instituciones.

—Después de la eliminación de las cabras en Es Vedrá este verano por el Govern, desde el Consell hubo una manifestación firme contra esta actuación. ¿Fue un berrinche o se plantean emprender alguna acción?
—Hablamos con el conseller de Medio Ambiente al respecto y le hicimos llegar todo aquello que consideramos. No es un tema fácil porque hay muchas consideraciones respecto a estas cabras. Nosotros siempre hemos mantenido una postura. Tiene que haber un punto de equilibrio entre la coexistencia de un pequeño rebaño que sirva para mantener la tradición y la protección de la flora del islote. La responsabilidad máxima es del Govern, pero no nos vale que se escuden en directivas europeas porque nadie nos ha enseñado un requerimiento firme de la Comunidad Europea para retirar las cabras de Es Vedrà.

— La conselleria lo que considera es que no puede haber equilibrio. Las cabras son una especie invasora que amenaza a la flora endémica.
—Es lo que ellos dicen, pero nosotros lo que planteamos es sentarnos hablar, incluir en esas conversaciones a los propietarios y llegar a un acuerdo. En 2014 había un acuerdo sobre la mesa. ¿Por qué ahora no se trabaja en ese acuerdo? ¿Por qué se tiene que actuar con nocturnidad y alevosía aprovechando esta pandemia? Si tienes la conciencia tranquila, no tienes por qué actuar de esta forma. La actuación se ha hecho y deberán tratar las consecuencias con la propiedad. Se requirió al Consell una alternativa para sacar las cabras vivas y nosotros decimos que son los propios vedraners. Independientemente de las alternativas que ya se plantearon desde el anterior ejecutivo. En este aspecto, tengo que decir que únicamente se enviaron informes cuando la conselleria lo que requería es un plan para sacar a las cabras. Ahí tengo que estar de acuerdo con la conselleria que no existió ese plan. Nosotros apelamos al consenso y a que se trate el tema con los vedraners. Si hacemos las cosas bien no había que ir a escondidas.

—¿El Consell sigue trabajando en la declaración como Bien de Interés Cultural Inmaterial (BICI)?
—La petición de este BICI llegó por parte de los propietarios. Es un tema que se está tramitando como se tiene que hacer. Cuando se concluya se harán las valoraciones al respecto. Esto se puso en conocimiento de la conselleria balear de Medio Ambiente. A este nivel, el Consell actuará conforme a los informes técnicos. Eso será lo que se saque adelante. Si hay una contradicción entre la actuación del Govern y este BICI, en ese momento deberá estudiarse esta incompatibilidad entre ambas actuaciones y cuál prevalece.