El acuerdo aprobado por la Federación Española de Municipios y Provincias para desbloquear los remanentes ha traído mucho revuelo. El texto ya publicado en el BOE ha dejado a muchos alcaldes descontentos. Las diferencias fueron mayúsculas en todo momento y el acuerdo vio la luz por el voto de calidad del socialista Abel Caballero, alcalde de Vigo y presidente de la FEMP. Los socialistas ni siquiera contaron con el apoyo de Unidas Podemos que se abstuvo en la votación.
Tras la publicación de este Real Decreto-Ley que aún debe pasar por el Congreso de los Diputados, las discrepancias son aún mayores ya que han aparecido detalles de la letra pequeña que han indignado y mucho a los representantes de los partidos de la oposición. Lo más discutido es que al final los 10 años anunciados para la devolución de este dinero se convierten en 15.
Desde Hacienda reconocieron que este punto podría haber estado «mejor redactado» inicialmente y apuntaron que «se ofrece a los ayuntamientos volver al plazo de los diez años».
Lo aprobado incluye el compromiso del Gobierno de adelantar a los ayuntamientos al menos el 35% de los remanentes «prestados» pero condicionando su destino a que se gasten en «tres áreas prioritarias: Agenda Urbana y Movilidad Sostenible, Cuidados de Proximidad y Cultura».
El acuerdo también incluye la distribución de 5.000 millones con cargo a los Presupuestos Generales entre los ayuntamientos con remanentes. Un montante que se distribuirá en dos partes: 2.000 millones este año y otros 3.000 el que viene. Posteriormente, lo cedido al Estado se devolverá a los municipios en el mencionado nuevo «plazo máximo» de 15 años.
También se incluyen otras disposiciones como el establecimiento de un crédito extraordinario de 275 millones de euros, ampliable hasta 400 millones, gestionado por el Ministerio de Transportes para afrontar el déficit en esta materia, por el impacto directo de la pandemia.
Enfado del PP
El Partido Popular balear mostró su descontento ayer a través de un comunicado que recogía las palabras del presidente del partido Biel Company: «Desde el Partido Popular rechazamos que Sánchez y Armengol roben los recursos que con mucho de sacrificio se han acumulado durante años en nuestros municipios» y anunciaron que «los alcaldes del PP apuestan por abandonar la FEMP y no entregar los remanentes, postura que trasladaremos a la dirección nacional del partido».
Además, señaló que, a nivel nacional, su formación va a presentar un recurso ante el Constitucional por invasión de autonomía local y, a nivel autonómico, el PP ha presentado una Proposición No de Ley para reprobar a la ministra en Parlamento, ha registrado mociones en los municipios, pide la dimisión del presidente de la FEMP, Abel Caballero «por haberse cargado el municipalismo de la mano de Sánchez».
En Ibiza, los alcaldes populares también mostraron su indignación. En Sant Antoni, Marcos Serra no ocultó su enfado: «La FEMP no ha defendido los intereses de los Ayuntamientos». Para el alcalde la propuesta es «un chantaje del Estado para apropiarse de nuestros fondos y devolverlos de manera condicionada». Serra confesó que lo «lógico» en la situación de crisis actual, sería poder contar con los más de 20 millones que tienen el banco.
En cuanto a lo que hará su Ayuntamiento, recordó que gobiernan con otras formaciones y que se tomarán su tiempo para estudiar bien el texto y las diferentes opciones que hay para «hacer lo mejor para Sant Antoni».
También piden esperar a hacer las cuentas pertinentes en Santa Eulària. En la Villa del Río cuentan con unos siete millones y están a la espera de tener un esbozo de la recaudación para saber si les conviene o no ceder este dinero al Estado.
Aún así, el concejal de Hacienda, Miguel Tur, dejó claro su oposición al acuerdo de la FEMP: «Estamos en contra de esta incautación porque no tiene sentido que tengamos que darles algo que ya es nuestro y que nos lo devuelvan para poder utilizarlo. No tiene ningún sentido que sea el Ayuntamiento quien financie al Estado».
Muy crítico se mostró Antoni Marí ‘Carraca'. El alcalde de Sant Joan ironizó sobre los condicionantes para gastar este presupuesto: «¿Movilidad urbana? No sé igual hacemos un metro en Portinatx». Carraca criticó la votación de la FEMP y señaló que no es solo cosa del PP. «Ni siquiera han tenido el apoyo de Podemos», argumentó.
En Sant Joan cuentan con unos 14 millones de remanente y para Carraca la propuesta es «un chantaje». Sobre la opinión de su partido señaló: «Está muy bien lo que piensa, pero nosotros miraremos esta propuesta con los técnicos de la casa y luego tomaremos una decisión».
Una solución
Desde Vila, su alcalde Rafa Ruiz señaló que aunque no es la solución ideal –él quería la derogación la Ley Montoro y poder disponer del 100% del remanente– la ve «con buenos ojos» porque «vamos a poner al servicio de la ciudadanía una parte de este dinero».
El municipio tiene unos 20 millones de remanente y Ruiz, aunque ve cosas mejorables, también ve ventajas en la propuesta de Hacienda como no tener que cumplir con la regla de gasto. «No creo que esto le parezca mal a ningún alcalde», aseguró.
En cuanto al plazo ampliado de devolución señaló: «Prefiero 10 años que 15, pero no creo que sea algo tan grave. Por último, Ruiz pidió comprensión: «Estamos en una situación de máximo dificultad para todos. Hay que ser solidarios y comprensivos para sacar esto adelante entre todos. Además, si algunos no quieren, se trata de una medida opcional».
En Sant Josep, Josep Marí Ribas ‘Agustinet' que siempre se mostró partidario de abolir la Ley Montoro, señaló ayer esta propuesta de Hacienda aprobada por la FEMP permite desbloquear una parte de los remanentes y que será estudiada por el Consistorio. Agustinet explicó que deberá ser cada Ayuntamiento el que tenga que hacer sus cuentas para ver si les sale a cuenta o no acogerse a esta propuesta.
En el caso del Consistorio josepí, con un remanente de más de 50 millones de euros, parece que es una buena vía para salir adelante, aunque no tomarán una decisión hasta septiembre. «Los técnicos lo estudiarán detenidamente, pero si entregamos una buena parte de este dinero también recibiremos unos buenos emolumentos de los fondos que pone el Estado», explicó el alcalde.
Además, aseguró que aunque respeta todas las opiniones, no comparte las acusaciones de chantaje y considera que poder disponer de parte de este dinero que actualmente no se puede tocar es «bueno para los ciudadanos».
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