Según ha informado en rueda de prensa, este fin de semana en Mallorca se anunció la cancelación de una fiesta prevista en Bunyola con más de 600 personas. Su cancelación se ha debido al «efecto disuasorio del decreto ley», según la consellera.
«Lo que queremos es que la fiesta no se produzca porque pone en peligro a todos», ha insistido.
En relación a fiestas en viviendas privadas, Castro ha recordado que se trabaja en la creación de una unidad de análisis conjunta -entre Policía Nacional, Guardia Civil y la Dirección General de Emergencias- que investigará la comercialización de fiestas ilegales que se publicitan previamente.
Castro ha viajado a Ibiza para explicar el decreto que establece sanciones por incumplir las medidas sanitarias en la comunidad, tipificando entre las infracciones más graves la comercialización de fiestas en las que se produzcan aglomeraciones, ya sea en espacios públicos o en domicilios privados.
En rueda de prensa, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha recordado cómo trasladó a la presidenta del Govern, Francina Armengol, su preocupación por el riesgo que suponían estas celebraciones ilegales. «Ella entendió la preocupación porque es un tema que no sólo se produce en Ibiza, sino también en las otras Islas», ha afirmado Marí.
El presidente ha lamentado que en Ibiza «se estaba notando cierta relajación en las normas», algo que, junto a la llegada de turistas, podía suponer la aparición de rebrotes y así, «la necesidad del decreto era evidente». Marí ha recordado que dicho decreto tiene «carácter disuasorio».
Sanciones
Castro ha recordado los detalles de la norma, recordando que si se participa en una fiesta ilegal, también se podrá ser sancionado, al igual que el promotor del evento.
En los casos más graves, el Govern podrá acordar el cierre del establecimiento durante un máximo de tres años. El cierre se mantendrá incluso si el local cambia de titular. Si los incumplimientos afectan a viviendas turísticas, también se podrá prohibir su comercialización durante tres años.
Tal y como ya anunció el viernes, se consideran infracciones graves, con sanciones entre 3.001 y 60.000 euros, organizar o participar en reuniones o fiestas en las que se produzcan aglomeraciones que impidan o dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención.
Si las reuniones o fiestas mencionadas se comercializan, pasan a ser una infracción muy grave, con sanciones entre 60.001 y 600.000 euros; incumplimientos de aforo que afecten a más de 150 personas; en los locales de ocio, tener habilitada la pista de baile -actualmente se permite para colocar mesas y mantener a los clientes sentados-; así como la reincidencia y otros incumplimientos graves del decreto de nueva normalidad. «Se hace un esfuerzo de coordinación para ser eficientes con los recursos existentes», ha declarado Castro.
De este modo, las fuerzas de seguridad podrán solicitar con antelación una orden judicial que les faculte para entrar en un domicilio.
La consellera ha señalado además que durante una semana no se levantará acta de infracción a quienes incumplan la obligación de llevar mascarilla, aunque sí habrá acciones de información entre los ciudadanos.
1 comentario
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Jajajaja, como van a aplicar multas a una ley que no se ha publicado ni siquiera...... Anunciar algo en la prensa pero no hacerlo efectivo no tiene peso judicial alguno....