Justicia activa la reubicación de la Forensía con dos oficinas en la planta baja

Asimismo, tras las valoraciones realizadas por la gerencia territorial de Justicia, el resto del trabajo se podría ir ubicando en otros despachos que se asignarían temporalmente en función de la carga de trabajo diario del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como de la disponibilidad del edificio.

El personal forense confía en el compromiso de Justicia para buscar una solución al problema ya que, tal y como advirtieron ayer, durante el encuentro mantenido el viernes con la subsecretaria de Justicia, Cristina Latorre Sancho, ésta reconoció las deficiencias del edificio y se comprometió a buscar una salida a corto plazo o durante la segunda fase de construcción.

En este sentido, Sanz indicó que las reuniones van a seguir produciéndose para ir viendo cómo se puede corregir la problemática. La evolución de la situación y los posibles cambios también se tratarán en la comisión de seguimiento que se reunirá periódicamente, tal y como anunció el martes el presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, Antonio Terrasa. En este sentido, la primera reunión está prevista para antes de finalizar el año.

No obstante, el personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses espera que el Ministerio de Justicia les presente un proyecto de reubicación integral en el que se atiendan las demandas planteadas durante la reunión mantenida el viernes con la subsecretaria de Justicia y el resto de la delegación llegada desde Madrid, que incluía a tres arquitectos.

Deficiencias
El colectivo forense recuerda que desde los inicios del proyecto expresaron su posición contraria a ser ubicados en el sótano del edificio. Asimismo, subrayaron que a los problemas que veían en un principio se suman todas las deficiencias que han aflorado una vez trasladados al nuevo edificio.

El 2 de diciembre, el mismo día que llegaron a las nuevas instalaciones, advirtieron humedades y filtraciones que podrían generar problemas de salud laboral, así como otras deficiencias «igual o más graves». En este sentido, los forenses denunciaron que las salas no están completamente cerradas, un hecho contrario a la garantía de confidencialidad de las víctimas y al correcto trabajo del personal.