El edificio ubicado en la Cala Molí de Sant Josep recibió esta calificación del órgano insular con el objetivo de protegerlo de las obras, que el propietario quiso realizar en 2018 y tenían prevista su demolición.
Según lo establecido en la ley 12/1998 de Patrimonio Histórico de las Illes Balears, la declaración de bien catalogado indica que «los propietarios tienen el deber de conservarlo, mantenerlo y custodiarlo de tal manera que se garantice la salvaguarda de sus valores. El uso a que se destinen dichos bienes debe garantizar su conservación».
La decisión tomada por el ejecutivo insular especifica que «se deberán revertir las intervenciones que han desfigurado el conjunto, como las ampliaciones del aparcamiento, el volumen del edificio sobre el acantilado o las alteraciones de los huecos de las fachadas», como explicó la consellera de Cultura i Patrimoni, Sara Ramón.
La declaración del Consell contempla la posibilidad de efectuar obras de mejora de las condiciones de seguridad, habitabilidad, confort y accesibilidad o incluso «introducir alguna modificación del proyecto original, siempre que no menoscabe los valores del bien, lo cual deberá valorar caso por caso la Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico-artístico (Ciotupha), de acuerdo con la ley 12/1998».
Evitar la caducidad
La razón de la urgencia de este pleno se debió al escaso plazo que le quedaba al Consell para adoptar esta medida, puesto que la legislación mencionada da el plazo de un año para refrendar el expediente elaborado por los funcionarios en diciembre de 2018 y, de esta manera, declararlo como bien catalogado.
«Por este motivo, se convoca este plenario extraordinario, para así evitar la caducidad del procedimiento», ya que en caso contrario «no se hubiese podido conservar este bien contemporáneo», afirmó la propia consellera en su intervención. En ella quiso agradecer el trabajo de los empleados públicos, como hizo el resto de grupos del Consell.
El resto de grupos parlamentario mostró su consenso ante la decisión. Marta Díaz indicó que era un «buen día para la sociedad ibicenca». «Como presidenta en funciones, tuve que dictar el decreto para paralizar las obras y proteger el edificio, por lo que estoy muy contenta de la decisión que se adoptará», expuso.
Viviana de Sans (UP) subrayó que la protección del patrimonio es «responsabilidad del Consell, que paró un inicio de demolición que ya se había puesto en marcha, con obras ilegales que ahora se restituyen con este acuerdo». Vicent Torres (PSIB) se mostró «muy contento» de que todos los partidos declaren la casa Van der Driesche como bien catalogado.
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