Balears contará con un registro unificado de malos tratos infantiles, que recibirá las denuncias de médicos, psicólogos, policías, y de todo el personal que intervenga en cualquier episodio relacionado con maltrato a menores.

Esta es una de las medidas que se incluye en el anteproyecto de ley de atención a la infancia y la adolescencia, presentado ayer por la consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago.

Actualmente ya existe un registro, al que no tienen acceso todos los profesionales relacionados con los casos de maltrato, lo que se hará es ampliarlo y además, «los profesionales estarán obligados a informar a los responsables del registro», afirmó Santiago.

Contratación

La futura ley balear supondrá la incorporación de 85 nuevos profesionales entre abogados, educadores y psicólogos que serán contratados por los consells y el Govern para reforzar la prevención de situaciones de riesgo que afectan a los menores y adolescentes.

El objetivo es que, entre 2019 y 2020, se puedan hacer las contrataciones para incrementar los servicios sociales comunitarios y que éstos profesionales trabajen desde los ayuntamientos. Santiago explicó que «los ayuntamientos crearán una comisión municipal que será la encargada de determinar si existe o no la necesidad de hacer una ‘declaración de riesgo' en cada caso de problemas con un menor».

«La declaración de riesgo es un primer paso para efectuar un seguimiento exhaustivo del menor o adolescente con problemas y de sus familias», recordó ayer la consellera.

Hasta ahora las declaraciones de riesgo las hacen los técnicos de menores de los consells que, a su vez, son los responsables de hacer los informes de tutela. Con este cambio, «la normativa será mucho más garantista con las familias», aseguró.

Además de la creación del registro unificado de malos tratos infantiles, también se creará un registro personalizado de los profesionales que habitualmente trabajan con menores que, a su vez, contarán con un carnet identificativo que podrán utilizar por ejemplo a la hora de tramitar una denuncia.

El texto de la futura ley ha sido consensuado entre el Govern y los consells y presentado a los ayuntamientos. Ahora la normativa saldrá a exposición pública y posteriormente será presentada al Parlament.